La primera vez que oí el mandato al que se compromete todo profesional de la salud fue en mi primera clase de psicología experimental, en palabras del muy estimado y añorado profesor Ramón Bayés. “Primum non nocere”, dijo con la solemnidad de lo más sagrado. Lo primero es no hacer daño. En mi ingenuidad juvenil, pensaba que este principio ético quedaba grabado indeleblemente en todo el que se dedicaba a la psicología y la medicina. Después, lamentablemente, he constatado que no es así.
Lo he recordado estos días ante la falta de escrúpulos de la supuesta terapeuta que atendía a la familia Andic. Nada de lo que hacía tiene que ver con la psicología científica, pero es que, además, el daño que ha hecho será difícil de medir y solo lo sabrán las personas que lo han sufrido. El intrusismo, en psicología, no es una falta administrativa cualquiera: es un problema de salud pública. Cuando una persona busca ayuda acostumbra a hacerlo en uno de los momentos de más vulnerabilidad de su vida. Ponerse en manos de alguien sin la formación y la habilitación necesarias puede tener consecuencias mucho más graves que perder dinero: se puede perder la salud y, a menudo, la misma esperanza.
Cuando alguien sufre, está dispuesto a aferrarse a cualquier promesa de alivio. El intrusismo convierte este sufrimiento en un negocio. Es una forma especialmente grave de abuso, porque se basa en la confianza y la esperanza de quien busca ayuda. A mi parecer, el daño más profundo es invisible. Una persona que llega pidiendo ayuda acostumbra a hacer un acto de gran valentía. Si aquella confianza es traicionada, no solo empeora su malestar: también puede dejar de creer que merece ser ayudada o que existe una salida.
La Audiencia de Barcelona dictó la primera sentencia histórica contra el intrusismo profesional condenando a Vicente Lapiedra, fundador del Centro Esotérico de Investigaciones (Ceis) a prisión. Este caso marcó, así, uno de los precedentes judiciales más importantes sobre el uso de falsas terapias psicológicas para la manipulación y la captación sectaria. Utilizaba la oferta de ayuda psicológica y tests de personalidad para captar a sus víctimas (muchas menores de edad). La sentencia confirmó que las actividades psicológicas no pueden camuflarse bajo etiquetas místicas o esotéricas para evadir las leyes profesionales.
En 2023, un juzgado de Valladolid dictó una de las sentencias más contundentes, al condenar penalmente por intrusismo profesional a una mujer que asistió a un menor fingiendo ser psicóloga cuando solo tenía conocimientos como coach. El joven sufría problemas emocionales graves, y ella lo trató continuamente mientras presumía de ser entrenadora corporativa, empresarial, mediadora familiar, terapeuta Gestalt... ¿No os recuerda enormemente las afirmaciones de la supuesta terapeuta de la familia Andic?
Una depresión, un trastorno de ansiedad, un trauma o una conducta suicida pueden quedar enmascarados detrás de consejos simplistas o pseudoterapias. Cada mes perdido agrava el problema y dificulta la recuperación. Según la investigación, retrasar el acceso a intervenciones psicológicas basadas en la evidencia puede cronificar los trastornos mentales. Además, los falsos profesionales agravan el sufrimiento porque suelen atribuir el malestar a la falta de voluntad, a una actitud negativa o a bloqueos, sin base científica. Cuando la persona no mejora, acaba pensando que el problema es ella misma. Esto incrementa la culpa, la vergüenza y la desesperanza. Promesas como "eliminar cualquier trauma" o "transformar tu vida" crean una ilusión que a menudo acaba en una profunda frustración. La decepción es doble: por el fracaso del tratamiento y por la pérdida de confianza en la psicología.
El Col·legi de Psicologia de Catalunya está investigando a la presunta terapeuta de la familia Andic por intrusismo y mala praxis. Es fundamental extirpar de raíz estas conductas porque aprovecharse de la fragilidad emocional sin la formación y las garantías éticas exigibles no es solo un fraude, sino también un delito que pone en riesgo la salud colectiva.
Por eso, el intrusismo en psicología no es simplemente un problema corporativo ni una disputa entre profesionales. Es una cuestión de protección de la ciudadanía. Igual que nadie aceptaría ser operado por alguien que solo ha leído libros de cirugía o subiría a un avión pilotado por una persona sin licencia, tampoco deberíamos dejar la salud mental en manos de quien no puede demostrar que está preparado para cuidarla.
