La política no debería ser un oficio. En un sistema democrático óptimo nuestros representantes deberían salir de la sociedad misma y, por tanto, tener ya un trabajo propio, un oficio. Son tan insólitos los casos de quienes vienen de trabajar y vuelven a trabajar una vez acabada su tarea, que su caso se convierte en noticia, como pasó con Julio Anguita. Los expresidentes, además, tienen paga vitalicia, secretaría, despacho y chofer con escolta, tanto si estuvieron en el cargo media vida como si no duraron más que unos meses. Una jubilación de lujo, en los antípodas de las viudas que cobran la mínima. El establecimiento de estos privilegios ya es un escándalo y establece un agravio comparativo del todo injusto con el resto de trabajadores. (Bueno, yo soy autónoma, de manera que ya sé qué me espera el día que no pueda enlazar dos frases seguidas y que me paguen por hacerlo, convertirme en una abuela okupa y antisistema como mínimo).
Ser expresidente no solo tiene estas compensaciones económicas establecidas por ellos mismos, también comporta un reconocimiento público que no termina con el mandato. Comporta fama, contactos, una proximidad a los poderes de todo tipo que debe resultar tentadora, dados los numerosos casos de políticos retirados que acaban cobrando una morterada por formar parte de los consejos de administración de grandes empresas, cuyos intereses quizá, solo quizá, fueron casualmente beneficiadas por alguna ley que estos mismos políticos aprobaron cuando podían hacerlo. Con las puertas giratorias, colocarte en según qué lugar de la esfera representativa puede ser una buena estrategia de ascenso social, de progreso económico individual y una inversión a largo plazo. Ni siquiera hay que asumir los riesgos de la corrupción, solo esperar y hacer los deberes cuando toca. Se llenan la boca de principios y valores, de bien común, sacan pecho de avances importantes y exhiben orgullosos su superioridad moral, pero si todo esto les acaba sirviendo para enriquecerse, su trayectoria quedará manchada por el interés monetario. El deseo de ganarse bien la vida es del todo lícito, pero hacerlo a través de la política es más que cuestionable desde un punto de vista ético. Y sobre todo cuando se trata del ámbito de las izquierdas, que defienden muchas banderas del todo incompatibles con esta manera de aprovecharse de los cargos para hacer dinero.
El caso de Rodríguez Zapatero ya es un desastre absoluto para el PSOE y para el progresismo en general. Por supuesto que se le debe respetar la presunción de inocencia y que debe ser un juez el que dicte sentencia, pero aunque no haya cometido ningún delito, ya ha tirado por la borda toda la reputación que se ganó como presidente incorrupto, feminista, inclusivo, abierto, etc. Con la lucidez que le caracteriza, Lluís Orriols explicaba en la tertulia de García Ferreras que Zapatero fue el presidente que trasladó la izquierda española del debate económico al debate cultural. Como han hecho los progresistas en todo el mundo occidental después de Thacher y Reagan, asumir la derrota ante el neoliberalismo y entretenerse con temas que son importantes, pero no el quid de la cuestión de la dominación clasista y la desigualdad. Por eso tanto él como otras figuras destacadas y retiradas encuentran perfectamente compatible hacerse ricos y ser de izquierdas, porque el dinero ya no es solo cosa de la derecha. Y de paso los privilegios adquiridos se transmiten a la siguiente generación en lo que es un clásico de la política ibérica: el nepotismo descarado y desvergonzado. ¿O es por su enorme talento que las hijas de ZP facturan millones con una empresa que se llama What the Fav? ¿O es que son tan geniales que ellas solas han conseguido lo que no conseguirá nunca un hijo de trabajador de la construcción por mucho que se esfuerce?
