Es difícil acumular tanta incompetencia política, que todo el mundo se dé cuenta y que esto no acabe con una dimisión inmediata. Pero el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, lo ha logrado. La tragedia provocada por las lluvias torrenciales de finales de octubre ha dejado una herida que tardará generaciones en cicatrizar. Los desbordamientos del río Júcar y algunos de sus afluentes han arrasado varios municipios de l'Horta Sud de Valencia y han causado una devastación que todavía cuesta dimensionar. Se han perdido 219 vidas y todavía hay 8 personas desaparecidas, según los últimos datos oficiales. Los daños materiales son el reflejo seguramente inevitable de una catástrofe meteorológica de esta magnitud, pero la pérdida irreparable de tantas vidas humanas no puede atribuirse sólo a la fuerza de la naturaleza: es el resultado de una cadena de errores, negligencias y falta de preparación por parte del gobierno valenciano.
Los efectos de la DANA que ha desbordado a la Comunidad Valenciana no eran todos imprevisibles. Las alertas meteorológicas habían avisado con antelación de la magnitud del fenómeno, siendo responsabilidad de las autoridades encargadas de la protección civil tomar medidas para proteger a la población. Sin embargo, el gobierno de Carlos Mazón no fue capaz de articular un plan de emergencia efectivo. Los municipios más afectados vivieron el peor de los escenarios: comunicaciones tardías, falta de directrices claras y una descoordinación generalizada que dejó a muchos ciudadanos desamparados. En términos políticos, esta falta de respuesta sólo puede calificarse de incompetencia. Y en términos penales, serán los tribunales los que determinen qué responsabilidades individuales existen.
Ha sido lamentable la forma en que el gobierno de Mazón ha gestionado la crisis tras la catástrofe. El ejecutivo ha intentado transformar lo que era una emergencia humanitaria y climática en una crisis de comunicación. En lugar de asumir responsabilidades, la atención se ha puesto en centrifugar la culpa hacia otras administraciones, entre otras maniobras dilatorias, como si la palabrería política de distracción pudiera borrar la magnitud del desastre.
El afán constante de Mazón por negar la evidencia y esquivar las críticas ha sido el manual de crisis que ha guiado a su gobierno. Incluso ha alargado una semana una crisis de gobierno para aparentar que tenía el control de la situación. esta gestión de cara a la galería ha sido contraproducente: mientras las instituciones valencianas derrochaban esfuerzos en una operación cosmética, miles de familias se quedaban sin ayuda inmediata, contemplando cómo la su vida literalmente se escurría río abajo.
Desde las entrañas del poder hemos visto a menudo políticos que actúan como jefes de prensa, centrándose más en el relato que en la acción. Pero cuando la crudeza de la realidad se impone, las decisiones se convierten en imprescindibles. coordinación y, sobre todo, una conciencia clara del deber institucional.
El desastre no termina con el balance trágico de muertos. Hay cientos de damnificados que lo han perdido todo: hogares, negocios, campos de cultivo y recuerdos familiares de una vida entera. siguen hacinados y la reconstrucción de casas e infraestructuras parece un horizonte lejano. valenciano no ha sido capaz de ponerse al frente de una respuesta efectiva y solidaria. Ha preferido jugar con la percepción pública, como si un buen titular pudiera reconstruir las viviendas derrumbadas.
La comunicación es, evidentemente, una herramienta importante en la acción política, pero nunca puede convertirse en una finalidad por sí misma. Las ruedas de prensa de Mazón, centradas en buscar culpables externos, han sido un insulto a las víctimas y supervivientes que aún intentan rehacer sus vidas. Las políticas de escaparate no sacan barro de las calles, no retiran vehículos destruidos ni reconstruyen los puentes derrumbados. Las víctimas de esa catástrofe merecen respuestas claras, acciones inmediatas y, también, responsabilidades asumidas. Si Mazón no entiende esto, su continuidad no sólo es insostenible, sino que es una ofensa intolerable para toda la ciudadanía.
La actuación de Carlos Mazón es indefendible. Sin paliativos, la dimisión es la única salida coherente para un dirigente que ha demostrado ser incapaz de gestionar una emergencia de esa magnitud. La mínima conciencia de servidor público habría implicado, al menos, admitir que se actuó mal y emprender el camino de salida.
