No es suficiente con regularizar
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, pidió autorización el viernes para desalojar a los sintecho que malviven bajo el puente de la C-31. Dice que ya no queda ningún antiguo residente del Institut B9 –donde hizo un polémico desalojo que dejó literalmente a la intemperie a decenas de personas vulnerables en plena ola de frío– porque ahora ya todos han sido realojados. Mucha de aquella gente, como la que ahora quiere volver a desplazarse sin ningún miramiento, son inmigrantes sin papeles que en muchos casos trabajan de forma precaria y tienen muchas dificultades para encontrar un lugar donde vivir. O porque no pueden pagarlo o porque directamente no quieren alquilarlos. Es el círculo vicioso de los inmigrantes sin papeles, y de muchos que tienen, que, a pesar de tener trabajo, no encuentran manera de acceder a una vivienda digna. De ahí los asentamientos que están proliferando en todas partes y que vuelven al paisaje catalán, y español, la imagen de grandes campamentos de barracas sin los servicios básicos más elementales.
El caso Albiol es sintomático de lo que está pasando y crea un precedente que tiene repercusiones en todo el Estado. Pese al revuelo que provocó ese desalojo, lo cierto es que ahora parece que la situación se ha calmado, y se podría interpretar que Albiol se ha salido con la suya. Y ahí radica el problema, como explica por ejemplo Joaqui Salord, el jesuita que ayuda a los cientos de migrantes que viven en los asentamientos cercanos al mar de plástico almeriense: "El Ayuntamiento de Níjar ya ha dicho que acabará con los asentamientos, y si tiene modelos como el de Badalona, y socialmente no pasa nada, es peligroso", argumenta.
Esta semana se ha conocido el acuerdo entre el gobierno español y Podemos que prevé regularizar medio millón de inmigrantes sin papeles. Aunque Vox y el PP se oponen, lo cierto es que los empresarios están totalmente a favor. Necesitan los inmigrantes para trabajar, sobre todo en aquellos trabajos de bajo valor añadido, sean en el turismo, en la industria cárnica o en el campo. Lo explicamos hoy en el reportaje sobre la gran huerta de Europa en Almería, donde existen unas 35.000 hectáreas de invernaderos en los que trabajan 100.000 personas, casi un 30% en situación irregular. Pero que las necesiten no quiere decir que les den las condiciones para, al menos, poder vivir dignamente. Si ya es problemático para los inmigrantes legales encontrar vivienda, para quienes están en situación irregular la situación es dramática.
La regularización, pues, es un primer paso necesario. Pero otro paso importante es calcular que toda esa gente, que además añadirá aún más presión a unos servicios públicos ya bajo mínimos, necesitará un lugar en el que vivir en un momento precisamente de crisis habitacional grave. En este sentido, además de políticas a largo plazo, son necesarias medidas de choque para dar un mínimo de dignidad incluso a estos asentamientos, que, para algunos, son las únicas opciones viables donde vivir, de momento. Está claro que no pueden cronificarse y no son la solución ni a medio plazo, pero las urgencias no pueden quedar sólo en manos de la caridad ni del voluntariado. Como recordamos de la época del chabolismo del posfranquismo, es una cuestión de dignidad y de justicia social.
