El pasado día 28, Tv3 emitió un reportaje sobre la hija de Valentí Oliveras Valls, catalán deportado desde Francia a los campos de concentración nazis, muerto en el de Gusen en 1941, que acaba de ser indemnizada por el estado francés por su implicación en la deportación de su padre.
Esta noticia contrasta con la realidad del nuevo proyecto de ley de memoria presentado hace unos días por el gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Recuerden que Francia y Alemania han recorrido desde 1945 un largo camino para reparar materialmente a las víctimas del nazismo, asumiendo el pago de pensiones e indemnizaciones por deportaciones o por confiscaciones de bienes. Aun así, la propuesta del gobierno Sánchez, más allá de una grande faramalla simbólica, rehúye toda responsabilidad del Estado al no afrontar la necesidad de ejecutar una reparación real y material y de derecho a la justicia, demandas planteadas en 2014 en el informe elaborado por el relator de la ONU Pablo de Greiff.
El proyecto de ley deja fijada de manera rotunda y diáfana que las víctimas no pueden pedir ninguna responsabilidad patrimonial al Estado, tal como ya preveía la ley vigente y que ahora se reitera de manera más insistente.
¿Por qué no se reconoce, como han hecho otros estados europeos, el derecho a ser compensadas a las personas que hicieron trabajo esclavo para el Estado franquista o para empresas privadas? Varios estudios han indicado que los utilizaron, entre otros, corporaciones como Huarte, constructora de Valle de los Caídos, Agromán, Dragados y Construcciones, Renfe o la Maquinista Terrestre y Marítima.
¿Por qué tampoco se reconoce el derecho a ser reparadas las apropiaciones de bienes o multas confiscatorias que se llevaron a cabo a través del Tribunal de Responsabilidades Políticas u otros órganos políticos? Hasta ahora solo se los ha reconocido a los sindicatos, especialmente a la UGT, y a algunos partidos políticos y a la familia de Juan Negrín.
La ley de la memoria de 2007 legalizó un tratamiento discriminatorio al reconocer indemnizaciones cuantiosas a las muertes responsabilidad del Estado posteriores a 1968, de las cuales fueron excluidas de manera injustificada la familia de Salvador Puig Antich o de Juan Paredes Manot, Txiqui, mientras que se reconocía una indemnización muy reducida y con muchas limitaciones para tener acceso a las anteriores a 1968, que corresponden a los miles de asesinados a raíz de las sentencias de los consejos de guerra en los años más duros del franquismo. Ahora, ni se habla de ello.
De lo contrario, el proyecto de ley no reconoce el derecho a la justicia al no modificar la ley de amnistía de 1977. Se intenta dar gato por liebre, creando una Fiscalía de cacharrito con unas competencias limitadas y un procedimiento extraño de jurisdicción voluntaria que, más allá de un pronunciamiento simbólico, no llevarán a ninguna parte. De igual manera, el proyecto de ley continúa haciendo equilibrios al considerar los tribunales franquistas ilegítimos, de lo cual se pretende deducir una nulidad de las resoluciones y sentencias sin ningún efecto de responsabilidad patrimonial del Estado. Negar la calificación de ilegales, sin embargo, no es un hecho banal. Responde a la voluntad del Estado de no poner en cuestión la estructura legal de la represión franquista, queriendo hacer ver que los tribunales actuaron de manera malévola por iniciativa propia.
Como declaró la ley del Parlament de Catalunya de 2017, aquellos tribunales eran ilegales porque se constituyeron y actuaron por motivos políticos, basándose en unas normas dictadas contra la legalidad judicial, penal y administrativa republicana, entre las ellas competencias amplias de Catalunya en el ámbito de la justicia emanadas del Estatut de 1932. Que el gobierno del Estado no juegue con Lluís Companys o Salvador Puig Antich. Han llegado tarde. Aquellos consejos de guerra, como el resto de los que se hicieron en Catalunya, ya los anuló la ley del Parlament aprobada por unanimidad.
De lo contrario, el proyecto no reconoce el genocidio cultural y lingüístico contra las culturas nacionales no castellanas, del cual todavía se sufren las consecuencias. También las instituciones catalanas fueron víctimas y no están reconocidas.
En definitiva, un proyecto de ley que no cumple con las exigencias mínimas de la Verdad, Justicia y Reparación que necesitamos.
