De la oficialidad en Europa a la oficialidad en España
Como era previsible, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea de este viernes no ha aprobado la oficialidad del catalán, el gallego y el vasco en las instituciones europeas. Todo indica que la petición que hizo el gobierno español hará pronto dos años ha entrado en una fase de hibernación. En términos realistas, a corto plazo las únicas circunstancias que pueden mejorar el estatus del catalán en las instituciones son un acuerdo de la mesa del Parlamento Europeo para permitir su uso en la Eurocámara y, sobre todo, la firma del Acuerdo de Asociación entre Andorra y la Unión, que entre otras cosas haría necesaria la traducción de un buen número de normas europeas al catalán.
A primera vista, la petición española ha atascado porque sigue sin suscitar la unanimidad de los Estados miembros; en realidad, el problema de fondo es la falta de consenso de la que parte la petición en España. Sin las llamadas del Partido Popular a sus socios europeos, hoy las cosas serían posiblemente distintas.
Los presidentes vasco, Imanol Pradales, y catalán, Salvador Illa, tuvieron la noble iniciativa de dirigirse a los estados miembros en apoyo de la oficialidad del catalán, el gallego y el vasco. Ambos presidentes no cayeron que su maniobra, que quería mostrar determine, era una muestra de debilidad. Visto desde Bruselas, la pregunta era obvia: si en España existen seis comunidades autónomas donde el catalán, el gallego o el vasco son oficiales, ¿cómo es que la carta sólo la firmaron dos presidentes?
Cuando declinó unirse a la iniciativa epistolar de sus colegas vasco y catalán, el presidente gallego, Alfonso Rueda, afirmó que "la Junta de Galicia tiene claro que hay decisiones mucho más importantes para el futuro del gallego que incrementar su uso administrativo en la Unión Europea". (Ahora no podemos entrar, pero muchas de estas decisiones debería tomarlas la Xunta, precisamente.) Una vez bloqueada la petición de oficialidad a la Unión, la reflexión de Rueda podría resultar instructiva. En vez de perseverar en la oficialidad del catalán, el gallego y el vasco en la Unión Europea, aunque suene paradójico quizás lo que toca ahora es asegurar su oficialidad en las comunidades autónomas donde son oficiales.
Las autoridades catalanas conocen el problema. Uno de los nueve "horizontes" del Pacto Nacional por la Lengua, firmado el pasado 13 de mayo, va precisamente de oficialidad: se trata de alcanzar "una lengua plenamente oficial" de iure y de facto en las instituciones públicas, en las empresas y en los servicios". El planteamiento del Pacto, sin embargo, tiene dos problemas. Como en el caso de la oficialidad europea, el Pacto prevé medidas que no dependen de las autoridades catalanas; sorprende que el Pacto pretenda "lograr que la administración general del Estado asuma la oficialidad plena del catalán" sin que el gobierno español sea uno de los firmantes contrarrestar la principal fuerza contraria a la normalización de las lenguas oficiales distintas del castellano, que ahora mismo no es el gobierno español sino el poder judicial.
Desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de 2010 se está imponiendo una línea jurisprudencial que interpreta la doble oficialidad lingüística en términos de estricta igualdad y en este marco tiende a condicionar o prohibir cualquier desequilibrio a favor de las lenguas distintas del castellano. El caso más reciente es la sentencia del Tribunal Supremo que acaba de confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 2023 que declaró nulos una serie de artículos del decreto 179/2019 sobre normalización del uso de las lenguas oficiales en las instituciones locales vascas, dando la razón al recurso presentado por el partido político Vox.
En un estado de derecho (en principio), la única forma de contrarrestar este tipo de activismo judicial es reforzar la protección legislativa de las lenguas. Una vez aparcada la oficialidad en la Unión Europea, quizá habría que ponerse a trabajar en una ley española de lenguas que blinde, como suele decirse, la oficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano, con los reequilibrios necesarios que permitan, como dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia histórica, "corregir situaciones de desequilibrio heredadas históricamente". Y todo esto antes de que el principal partido de la oposición llegue al gobierno español e impulse su propia ley para perpetuar el desequilibrio entre las "lenguas cooficiales" y la "lengua oficial común".
