Mucho antes del 1-O, en septiembre de 2012, el gobierno de Mariano Rajoy movilizó a la cúpula del ministerio del Interior, al frente del cual estaba Jorge Fernández Díaz, con el objetivo de hacer naufragar como fuera el proceso independentista. La llamada policía patriótica actuó al margen de la ley con el afán de arruinar la reputación y destruir personalmente a políticos, empresarios y otras personalidades vinculadas, realmente o aparentemente, al independentismo. Las revelaciones sobre la Operación Catalunya se han ido sucediendo en un goteo que lleva años durando. Estos días hemos conocido nuevas informaciones que apuntan a que Mariano Rajoy estaba perfectamente al corriente de cómo evolucionaba la guerra sucia.
No deja de ser interesante darse cuenta de que el gobierno de Rajoy, quien se demostró incapaz de afrontar el independentismo desde la política, fue muy avanzado, en cambio, a la hora de violar la ley para acabar con aquellos a los que consideraban los actores principales. Muy pronto los aparatos policiales se arremangaron y se pusieron a trabajar para descabezar el independentismo. Entre sus víctimas, como se sabe, se encuentran desde Artur Mas y Xavier Trias hasta Sandro Rosell o la familia Sumarroca. Por el camino, fueron capaces también de derrumbar la Banca Privada de Andorra. “Con la madre y con la patria, con razón o sin ella”, entonaba el expolicía Villarejo.
El comportamiento de los aparatos del Estado no deja, paradójicamente, de confirmar una de las principales premisas independentistas, que es aquella que asegura que es necesario irse porque el Estado español es irreformable. Y al mismo tiempo refuerza el argumentario a favor de la controvertida amnistía.
Con la colaboración de determinados jueces y fiscales, el gobierno español violó las reglas más básicas del juego democrático. Y quedó claro que cuando los dirigentes del PP proclamaban que, sin violencia, cualquier idea puede ser defendida en España, estaban mintiendo. Ellos perseguían a personas por sus ideas. También se demostró que, para ellos, la nación es anterior y prevalece por encima de cualquier norma democrática. El PP, que históricamente viene de donde viene, ha ido apoderándose con el tiempo de la Constitución, y no ha dejado de esforzarse por aparecer como su único defensor ante todo tipo de supuestas amenazas y peligros. Hay que tener claro, al analizar esta apropiación –como también en el caso de la apropiación de la monarquía–, que cuando el PP dice Constitución o democracia, lo que realmente significa es España. Por eso no les importa violentar la democracia cuando se trata de auxiliar a la nación –su versión de lo que es la nación–. España les interpela mucho más que la democracia.
Hemos tenido que esperar muchos años hasta que, justo hoy, un fiscal ha abierto la primera investigación por la Operación Catalunya. Es increíble, pero cierto. Hasta ahora todos los que podían hacerlo han pasado el balón a otro o han balbuceado excusas. Que esto haya ido de esta forma dice mucho de cómo es la justicia española, en especial cuando hablamos de sus cúpulas. Esa misma máquina judicial fue capaz de investigar la corrupción del PP –y cuando Rajoy estaba en la Moncloa–. La diferencia seguramente es que entonces, a sus ojos, lo que estaba en juego era un partido político y no algo sagrado como la patria.
Capítulo aparte merece la otra pata de la guerra sucia, que son los periodistas y medios de comunicación que se dedicaban a difundir las mentiras fabricadas policialmente. Su actuación es tan reprobable como la de los políticos, jueces y fiscales implicados. Aunque a muchos les puede dar miedo, es necesario un debate valiente y riguroso sobre determinados periodistas y medios de comunicación. Y la denuncia de su corrupción ética, dado que en vez de servir a la democracia –que es una de sus funciones y responsabilidades principales– lo que han hecho es instrumentalizarla y abusar de ella.
Como escandaloso es que el PSOE haya impedido persistentemente a las Cortes investigar al gobierno de Rajoy. Ahora, cuando Pedro Sánchez cuelga del hilo de los votos independentistas y se ha dado cuenta de que no puede evitar una guerra total con el PP, se pondrá en marcha una comisión de investigación en el Congreso. El PSOE ha estado amparando al PP porque es un partido sistémico y ha considerado siempre que hay zonas oscuras –las cloacas– que no pueden ser expuestas, que deben ser preservadas. (Por la misma razón, los socialistas, teóricamente republicanos, siguen sosteniendo la monarquía de Felipe VI).
Es justamente que se tratara de combatir a los enemigos de la nación lo que, como vemos, ha hecho posible lo ocurrido. El PP no teme que el escándalo le pase factura. Sabe, de la misma forma que lo sabe el PSOE, que la ciudadanía española en general –y no solo los votantes populares– aplaude o, como mínimo, comprende que el gobierno del PP cometiera todo tipo de ilegalidades para socavar el independentismo catalán. Esta cultura política, de raíces muy profundas, mezcla de inmadurez democrática y catalanofobia, es uno de los principales problemas de España y lastra gravemente su futuro.
