16/06/2022

El Parlament reincide

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La reunión de la mesa del Parlamento  de ayer martes.

BarcelonaEn el mes de febrero el Parlament eliminó las polémicas licencias por edad que permitían a los trabajadores cobrar sin trabajar a partir de los 60 años si cumplían unos requisitos. El escándalo provocado por la publicación al ARA de la noticia, y del coste que estas licencias por edad tenían para el erario público, obligaron a los partidos a poner fin a un sistema que era claramente un privilegio de los trabajadores del Parlament en relación con el resto de funcionarios. Las cifras publicadas por el ARA eran contundentes: el Parlament destinaba 1,7 millones al año para pagar los sueldos de 21 funcionarios que se habían acogido a esta modalidad, y que en algunos casos suponía percibir más de 150.000 al año por no hacer nada.

Es cierto que la medida venía de la época del presidente Benach, y que todos sus sucesores la habían mantenido. Y también que cuando el ARA pidió la información se encontró con muchas trabas por parte de la secretaria general de la cámara, que tuvo que dimitir el mes pasado por la polémica de la contratación de su hijo como ujier. Pero lo que no era esperable es que los representantes de los tres principales partidos de Catalunya, ERC, PSC y Junts, aprobaran un sistema similar que permite a los funcionarios del Parlament seguir cobrando sin trabajar en unas condiciones totalmente inéditas en el ámbito de la administración pública. Básicamente, la nueva propuesta negociada con los trabajadores lo que hace es reducir los importes a cobrar, que se equipararían no al sueldo sino a la pensión que les correspondería si se jubilaran, pero en esencia se mantiene la filosofía y el agravio comparativo.

Si los partidos citados consideran que este sistema es adecuado para los trabajadores del Parlament, lo mínimo que tendrían que hacer es dar la cara y defenderlo públicamente. Y explicar entonces por qué estos funcionarios tienen unos derechos diferentes a los otros. Aquí hay que aplicar aquella máxima de luz y taquígrafos, porque se trata de dinero público que sale de los impuestos que pagamos todos. Lo que no puede ser es que se actúe con opacidad y de espaldas a la ciudadanía, como pasó hasta que el ARA destapó en qué había degenerado el sistema de licencias por edad. Nadie cuestiona que los trabajadores del Parlament tienen que estar bien pagados. Lo que se cuestiona es que haya una situación objetiva de privilegio, no respecto al común de los trabajadores, sino incluso entre funcionarios. Y no tiene que dar miedo hablar de sueldos públicos en una sociedad madura, porque la transparencia no puede ser nunca un problema y es la mejor receta contra el populismo.

De momento, solo la CUP, Ciudadanos y los comuns se han mostrado críticos con la medida. La CUP en concreto está a favor de la medida pero solo si es generalizable a la totalidad de trabajadores públicos. Habrá que ver si esta oposición se concreta en algo más que la simple denuncia pública. La propuesta se tiene que aprobar este jueves de manera definitiva en la comisión de asuntos institucionales. Todavía hay tiempo, pues, de evitar que el Parlament reincida en los errores del pasado.