La patronal y las pensiones

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José Luis Escrivá, durante la entrevista.

BarcelonaEl gobierno español ha anunciado este lunes un acuerdo solo con los sindicatos para aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social un 0,6% durante 10 años como medida excepcional para poder hacer frente a las pensiones de los llamados baby boomers (los nacidos entre finales de los 50 y finales de los 70). Las patronales CEOE y Cepyme han decidido desmarcarse del acuerdo y levantarse de la mesa sin presentar una alternativa. En un comunicado se han limitado a afirmar que la medida "es insuficiente, no garantiza el equilibrio del sistema y harán falta medidas adicionales en un futuro para asegurar su sostenibilidad".

Debido a esta incomparecencia, el acuerdo final todavía es más lesivo para los empresarios. En un principio se negociaba que los empresarios asumieran un 0,4% y los trabajadores un 0,2%, pero finalmente será un 0,5% para los primeros y un 0,1% para los segundos. Es la segunda vez que el gobierno mete directa sin tener en cuenta las patronales. Antes ya había pasado con el aumento del salario mínimo, cuando el gobierno decidió una subida de 15 euros, de 950 a 965, cuando el tenedor que se negociaba era de entre 12 y 19.

La patronal tiene razón en una cosa. Los expertos señalan que esta medida por sí sola no servirá para equilibrar la hucha de las pensiones y habrá que hacer más sacrificios en el futuro, pero nunca es una buena opción levantarse de la mesa. El objetivo del diálogo social, sin embargo, tiene que ser encontrar un punto de equilibrio entre intereses diferenciados, y repartir de manera equitativa los esfuerzos. Y aquí todo el mundo tiene que poner su grano de arena y hacerse corresponsable. Los trabajadores tendrán que ser conscientes que habrá que trabajar más años o bien cambiar el sistema de cálculo de la pensión, ampliando por ejemplo el cómputo de años, y los empresarios, que tendrán que asumir un coste superior en las cotizaciones. Y el conjunto de la sociedad tendrá que entender que los llamados gastos impropios del sistema se tendrán que cubrir con los presupuestos generales del Estado vía impuestos. Solo con una combinación de medidas ambiciosas se podrá conseguir el objetivo final, que es hacer sostenible un sistema que tiene que garantizar las pensiones para la generación más numerosa de la historia.

Resulta lamentable que estos pasos se estén dando ahora bajo la amenaza directa de Bruselas, que los ha puesto como condición en el plan de reformas para dar luz verde a los fondos Next Generation. Durante años se hizo la vista gorda y los diferentes gobiernos, en especial los de Rajoy, vaciaron un Fondo de Reserva que contaba con más de 70.000 millones para dejarlo con solo 2.000. El aumento de las cotizaciones planteado era, sin embargo, la parte fácil de las reformas. La dificultad vendrá cuando se tenga que estudiar, como decíamos, una revisión del sistema de cálculo o la ampliación de la edad. El ministro José Luis Escrivá ya dijo en una entrevista en el ARA que en España hacía falta un "cambio cultural para trabajar de los 55 a los 75 años". El gran reto es, pues, limitar al máximo las prejubilaciones (muy extendidas en sectores como el bancario) y posibilitar al ciudadano una variedad de opciones que le permitan, si así lo prefiere, trabajar más tiempo.

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