Política de vivienda: ¿qué enfoque es el bueno?

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 representa una ruptura con el anterior y, en general, con la tradición de la política española de promoción de vivienda asequible. Los volantazos suelen responder al desconcierto, pero es que, además, este cambio en concreto no ha gustado al socio minoritario del gobierno español –Sumar–, que apuesta por una tercera vía diferente. ¿Podemos arrojar un poco de luz a la oscuridad?Tradicionalmente, la política había consistido en la ayuda al promotor facilitándole y bonificándole la financiación, pero el Plan 2022-2025, mucho más agresivo, partía del principio de que el problema era el precio y la incapacidad de muchas familias modestas para hacerle frente. En consecuencia el centro pasó a ser la ayuda al inquilino: 40% del alquiler en el caso de familias con ingresos bajos; 250€ mensuales a los menores de 35 años durante dos años; hasta el 100% del alquiler a colectivos vulnerables (víctimas de violencia de género, personas sin hogar, etc).Este enfoque no podía sino fracasar, porque si el problema es que falta vivienda, ayudar a unas familias a acceder a lo poco que hay no hace sino trasladar el problema a otras, que ahora se quedarán sin. El Plan 2026-2030 parte del principio –mucho más sensato– de que el problema es de falta de oferta, y, por tanto, lo que hace es crear un incentivo para que los promotores privados construyan. El incentivo es generoso: una subvención de entre 85.000 y 110.000 euros por vivienda. Teniendo en cuenta que el coste de construcción ronda los 1.200 €/m², la subvención equivale a la totalidad del coste de una vivienda de 80 o 90 m², de manera que para que al promotor le salgan los números solo hace falta que el alquiler cubra el coste del solar. Este enfoque funcionará porque impulsará la construcción, pero tiene dos problemas. Antes de abordarlos, sin embargo, hay que examinar por qué no gusta a Sumar y qué es lo que prefiere este partido.A Sumar no le gusta que se pongan dinero del contribuyente en los bolsillos de empresas privadas. Es una inquietud comprensible, pero ya hemos visto por qué no puede funcionar –de hecho, por qué no ha funcionado– ponerlo en los bolsillos de los particulares más necesitados. Consciente de este problema, Sumar apuesta por la lucha contra la especulación; es decir, contra quienes cobran alquileres altos, y de ahí la insistencia en la congelación de alquileres y en las limitaciones a los “grandes tenedores”. Después hablaremos de los especuladores, pero ahora lo que importa es que este enfoque tiene exactamente las mismas limitaciones que la ayuda directa a los inquilinos más desfavorecidos: en el caso de la congelación, por ejemplo, ayuda a los que ya tienen un contrato, pero no ayuda nada a los que no tienen ninguno.Si dejamos de lado la estética, pues, el Plan 2026-2030 está mejor enfocado que las alternativas: impulsará la construcción, que es lo que hay que hacer ahora. Otra cosa es que también resulte del todo oportuno limitar los beneficios extraordinarios que están obteniendo los propietarios a causa de una situación de escasez. No estamos hablando de la retribución que un mercado idealizado concede al esfuerzo o al riesgo, sino de una retribución inmerecida y estéril que proviene exclusivamente de la suerte. Ahora bien, ya he avanzado que el esquema tiene dos problemas. Lo primero es que –más pronto que tarde– la totalidad de las ayudas serán capturadas por los propietarios de los solares vía aumento de su precio. Es un mecanismo que la mayor parte de los economistas académicos ignoran, pero que fue descrito con precisión por los padres de su disciplina –Adam Smith y David Ricardo– hace más de 200 años. Mientras los solares sean escasos, todas las ayudas acabarán en los bolsillos de sus propietarios.Esto nos lleva al segundo problema, que no es sino el crecimiento de la demanda. Está bien impulsar la construcción, porque es lo que ahora hace falta, pero sin olvidar cuál es el origen del problema, que no es sino una inmigración exageradamente elevada, una irresponsable apuesta por el turismo urbano y una política exitosa de captación de estudiantes extranjeros por parte de centros educativos públicos y privados.

Centrémonos en los dos primeros factores (entre otras cosas porque no dispongo de datos sobre el tercero). Si empezamos por los turistas, en quince años Barcelona ha pasado de soportar 23 millones de pernoctaciones turísticas a 38 millones. Afortunadamente, las perspectivas son alentadoras; en primer lugar, porque el crecimiento se está ralentizando, y, en segundo lugar, porque la probable desaparición de los HUTS hará mucho bien. Lo que resulta abrumador es la demografía: la población catalana está creciendo –exclusivamente a causa de la inmigración– a un 1% anual, cosa que implica incrementar el déficit de vivienda en 30.000 viviendas cada año. Si este flujo no se detiene, el fracaso de cualquier política de vivienda está asegurado.