Presupuestos y dirección de Estado
Los Presupuestos Generales del Estado pactados por el PSOE y UP no deberían causar problemas al resto de fuerzas políticas de izquierdas en el Congreso de los diputados para alcanzar un acuerdo en los próximos días que les permita apoyar las cuentas. Como explicaba recientemente Nacho Álvarez, Secretario de Estado de derechos sociales y negociador de UP para el acuerdo de PGE, son de nuevo unos PGE extraordinariamente expansivos, con niveles de inversión pública y gasto social sin precedentes, en el marco del giro keynesiano que la pandemia provocó en Europa. Se prevé un crecimiento económico nada menos que del 7% que favorecerá el aumento del empleo y la disminución de la tasa de paro; se destinan más de 13.000 millones a investigación, innovación y digitalización y más de 2.000 millones a becas; se dedican más de 12.000 millones a políticas dirigidas a jóvenes como vivienda y cultura; casi 8.000 a políticas de empleo; más de 11.000 millones a políticas industriales y casi 12.000 millones a políticas verdes. Los PGE además refuerzan los servicios públicos aumentando las tasas de reposición, incrementarán las pensiones y los sueldos de los empleados públicos, volverá a subir el IPREM y se implementarán ayudas los jóvenes para el ocio cultural (excluyendo por supuesto los espectáculos de maltrato animal como las corridas de toros) y para la vivienda. Así mismo el sistema de atención a la dependencia sumará otros 600 millones y, por primera vez, se implementará un sistema de becas para el acceso a los cuerpos de fiscales, jueces y abogados del Estado. Se ha creado además un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades y se han definido las líneas básicas de la gran reforma fiscal pendiente de llevarse a cabo el año que viene.
UP ha sabido aprovechar además la negociación de los PGE para pactar una ley de vivienda en la que por primera vez se regulan los alquileres. A pesar de que la ley pactada con el PSOE no llega tan lejos como la ley catalana, ha provocado una furibunda reacción de las patronales inmobiliarias, de sus medios de comunicación afines y de la derecha política (que la recurrirá al Tribunal Constitucional) que da cuenta de lo que significa que vaya a haber una ley estatal de vivienda que por primera vez se pone del lado de los inquilinos y no del lado de los grandes propietarios.
El desmoronamiento de Ciudadanos y la venta a precio de saldo de sus cargos públicos y dirigentes al PP hace que el PSOE solo tenga hoy una vía de acuerdo para definir tanto la orientación de la política económica del Estado en un momento crucial, como el resto de asuntos que afectan a la definición del mismo, empezando por el conflicto territorial.
Es el momento en el que las fuerzas políticas de izquierdas que vienen sosteniendo al gobierno español, en especial ERC y Bildu, que ya trabajan propuestas interesantes en materia laboral y de vivienda, mejoren los PGE en la negociación. Es importante que se hagan visibles los 18 diputados de Bildu y ERC que junto a los 35 de Unidas Podemos aseguran una dirección económica del Estado progresista y que están llamados a dirigir también cómo se afronta el diálogo sobre el conflicto territorial.
La mesa de diálogo entre el gobierno central y la Generalitat no puede limitarse a cuestiones represivas ni ser el escenario que haga patente la tensión en el independentismo catalán, sino que debe ser el arranque de una discusión donde empiecen a prefigurarse opciones federales o confederales para afrontar las tensiones plurinacionales y territoriales frente al proyecto recentralizador y reaccionario que representa la potencial coalición PP-VOX.
Hay una correlación de fuerzas parlamentarias sin precedentes en la que UP, junto a ERC y Bildu, están llamados a jugar un papel determinante en la definición de las próximas reformas de Estado. Ojalá colaboren y aprovechen esa correlación.
