Hacer presupuestos es de 'losers'

Con el nuevo año todo evoluciona, pero la política de verdad, la gestión de lo público, sigue empantanada porque en los niveles territoriales que nos conciernen (Barcelona, ​​Cataluña, España) los órganos de gobierno no tienen ni la fuerza ni la voluntad de pensar al por mayor, con mirada larga; son prisioneros del tacticismo y de la dispersión, dos grandes pecados de la democracia que, hace un siglo, encendieron la llama del fascismo. Estamos cayendo en errores del pasado y en trampas conocidas, mientras los fascistas hacen su vía mimetizándose en las modas, en la tecnología, en una especie de modernidad ucrónica.

El fascismo bebe de su maligna capacidad de seducción, pero también de la retórica vacía de cierto antifascismo de postal y de la exasperación de una mayoría democrática que se siente alejada de todo poder de decisión y obligada a renunciar a unas expectativas mínimas de prosperidad. La bolsa sube tanto como los índices de pobreza. El sistema no funciona y no parece tener ánimo para regenerarse. El bloqueo es el estado natural de las cosas.

Como muestra, una noticia que comienza a no serlo: este 2026, Catalunya y España se regirán por unos presupuestos prorrogados. Una vez más. Los gobiernos de Pedro Sánchez y Salvador Illa administrarán unas cuentas aprobadas en el 2023. Las nefastas consecuencias de esta parálisis han sido perfectamente descritas por los economistas, pero el relato que intenta imponer el PSOE es que gobernar con presupuestos es de cobardes. Que mandar a decretazo, sin planificación, ni actualización legislativa, ni grandes partidas de inversión, es una demostración de resiliencia.

En Catalunya, encima de esta anomalía, debemos tragarnos cada día el discurso de la "normalidad" y de la "concordia", cuando todavía tenemos gente en el exilio, y la amnistía, arrancada con fórceps en el gobierno del PSOE, se aplica de forma lenta y caprichosa por un poder judicial totalmente alineado con la derecha. También es "normalidad" que nos regimos por una norma básica no votada por la ciudadanía (los restos del Estatut del 2006, triturado por el Tribunal Constitucional) y que los independentistas tengan que actuar atenazados por la amenaza de la represión. Además, el Parlamento está tan desmenuzado que no hay manera de abordar de forma seria retos tan urgentes como la crisis de la vivienda, la educación, la lengua o las infraestructuras.

Si se trata de repartir culpas, supongo que todo el mundo tendrá sus preferencias. Lo cierto es que tanto el partido del gobierno como la oposición con vocación de gobierno deben buscar acuerdos y hacer concesiones, sin dejarse impresionar por quienes consideran que todo pacto es una traición. Pero en el caso catalán, el PSC es quien tiene más deberes pendientes, porque Salvador Illa obtuvo la investidura gracias a un acuerdo con ERC que, de momento, no se ha cumplido. Al igual que le ocurre a Pedro Sánchez con Junts.

Si incluso hay afónicas voces del PSOE que susurran que la única alternativa a PP-Vox es la España plurinacional, con más motivo el PSC debería entender que, si se aferra a los viejos y apolillados principios constitucionales, no hará acuerdos duraderos con los soberanistas, y en este caso deberá hacerse fotos. manera, Junts y ERC deben empezar a asumir que, por desgracia, el ascenso anunciado de Aliança Catalana aleja la posibilidad de reeditar una mayoría soberanista útil. Y no hace falta renunciar a nada, ni dejar de esperar mejores tiempos, para entender que algunas cosas no tienen espera, en un país tan tensionado como el nuestro, un país que tiene razones justificadas para preguntarse si vamos en la dirección correcta.