¿Quién quiere pasar página?

Bloques. Hemos vivido suficientes campañas electorales como para saber que el 90% de lo que se dice caduca al día siguiente de las elecciones. Una vez hecho el escrutinio, los partidos ya no son amos de lo que dicen, sino esclavos de sus resultados, y actúan en consecuencia. También, con un poco de suerte, actúan en función de lo que necesita el país, y entonces pueden aparecer migajas de generosidad que se imponen sobre las ideas fijas y los prejuicios. En Catalunya esto ha sido imposible en los últimos tres años; las heridas de octubre del 2017, y la represión vigente, han pesado demasiado. Si esta coyuntura no cambia, tampoco cambiará la dinámica de bloques. Y quien tiene más poder es quien es más responsable; en este caso es el PSOE. Si el actual gobierno español no hace nada contra la lawfare y no da pasos adelante para tratar, cuando menos, de entender lo que pasa en Catalunya, el foso que separa a la Catalunya política en dos partes se mantendrá vigente. Y la historia rendirá cuentas con el PSC y con los comunes por no haber hecho nada para cerrar heridas y buscar puntos de encuentro -que forzosamente implican cambios en el marco legal, porque el consenso del 1978 ya ha caducado hace tiempo-. Es lo que hizo Suárez con Tarradellas, en condiciones mucho más difíciles. Pero ahora no hay nadie con el suficiente coraje. “¿Alguien está en contra del diálogo dentro de la ley?”, repetía en los debates Salvador Illa. Pero la pregunta necesaria es otra: ¿alguien está en contra de dialogar para cambiar la ley cuando entra en contradicción con los anhelos de una mayoría democrática?

Soberanismo. Que haya dos bloques no tiene que ser una tragedia, pero no es recomendable en un contexto de conflicto identitario y de crisis pandémica. En nuestro caso tenemos el añadido de que en el bloque hegemónico las disensiones son también muy grandes, lo cual hace más difíciles los consensos estratégicos. Las encuestas parece que cronifiquen el empate entre ERC y Junts, dos fuerzas que no solo rivalizan sino que parecen envenenadas por un diagnóstico opuesto de la situación. A pesar de que el voto soberanista es mayoritariamente de izquierdas, el liderazgo del Procés ha estado en manos de los herederos de CDC, que ahora tienen al frente a una firmante del manifiesto Koiné y a un defensor del Institut de la Nova Història. La fuerza menor pero decisiva de la CUP, siempre fiscalizante, siempre fuera del poder y de la responsabilidad, complica la situación. Y el PDECat está a un paso de entrar en el Parlament. ERC, después de tres años defendiendo ensanchar la base, sigue lejos de su objetivo: lo poco que gana en las zonas de frontera lo pierde por el lado de los irreducibles. Las lealtades nacionales parecen graníticas.

Acuerdos. Y, a pesar de todo, los últimos presupuestos de la Generalitat, impulsados por Aragonès, recibieron el voto de Junts, los comunes y la CUP. Junts y el PSC pactan en la Diputación de Barcelona. ERC, comunes y el PSC, en el Ayuntamiento de Barcelona y en el Parlamento español. Detrás de las retóricas de trinchera está la necesidad de gestionar la complejidad y hacer que las instituciones funcionen. Pero el país está enfadado, inseguro y distraído por las cuentas pendientes. El independentismo, a pesar de la herida abierta de los presos, ha tenido que volverse más flexible (especialmente ERC, y no le sale gratis), mientras que los socialistas se han encumbrado en posiciones cada vez más retrógradas, y los comunes no osan (o no quieren) arrastrarlos hacia el terreno central, donde las soluciones son posibles. Esto permitirá a Illa mejorar resultados, pero no estará más cerca de la Generalitat. Porque su partido representa, paradójicamente, a los que no quieren pasar página, a los que quieren cronificar el conflicto y la represión.