En la confrontación entre los sindicatos de maestros y la conselleria de Educación de la Generalitat, que ya ha dado pie a un encierro de sindicalistas en el edificio del departamento y a una amenaza de cinco días de huelga en marzo, lo primero en lo que hay que fijarse es en el punto de discrepancia. ¿El adelanto una semana del inicio del curso escolar en septiembre, una medida tomada por el Govern, es o no es un paso adelante positivo? La respuesta es afirmativa. La duración excesiva de las vacaciones escolares, un hecho diferencial respecto a la mayoría de países europeos, hace que los alumnos olviden conocimientos y hábitos y, por lo tanto, que el regreso a las aulas sea a menudo un nuevo comienzo, cosa que es un problema tanto para los estudiantes como para los profesores. Los más perjudicados, claro, son los alumnos de entornos vulnerables, que durante las vacaciones tienen pocas oportunidades de seguir actividades de ocio educativo, como por ejemplo estancias de idiomas o musicales, por ejemplo. De forma que cuanto más larga es la desconexión estival más desigualdad educativa se genera. Por otro lado, a nadie se le escapa que la iniciativa contribuye a la conciliación familiar, un elemento no despreciable.
Visto todo esto, cuesta de entender la oposición frontal de los sindicatos contra esta medida de carácter pedagógico, y más teniendo en cuenta que no va en detrimento de los derechos laborales de los docentes, puesto que como compensación disfrutarán de tres días más de fiesta durante el año. El único punto en el que, en efecto, el malestar estaría justificado es en el hecho que la decisión se haya tomado sin pasar por los foros habituales de debate dentro del sistema, en especial a través del Consell Escolar de Catalunya, donde hay todas las voces del sector. El conseller, Josep Gonzàlez-Cambray, con una larga experiencia negociadora dentro del departamento, parece que yendo por la vía rápida ha querido lanzar un mensaje: está decidido a poner en marcha transformaciones relevantes que tengan una afectación real y que supongan un revulsivo. Se trataría, pues, de aprovechar el zarandeo que ha provocado el covid para romper las resistencias y miedos al cambio. Gonzàlez-Cambray ha hablado de inmovilismo refiriéndose a los representantes sindicales. Quizás la expresión es desafortunada, pero a la vez es de agradecer la valentía política de atreverse a decidir.
No hay soluciones mágicas para dar un nuevo impulso al mundo educativo. El que seguro que no es una solución es no hacer nada amparándose en consensos a menudo paralizadores. Es importante que se pueda debatir, sobre todo en términos pedagógicos, sobre el calendario, los currículums o el modelo de lengua. Lo que no tiene tanto sentido es que estos debates se conviertan en un campo de batalla político (en el caso de la lengua) o laboral (en el caso del calendario). Sin negar las consecuencias laborales que cualquier decisión puede tener, la prioridad tiene que ser pensar en la calidad y mejora de la enseñanza y en los beneficios, por lo tanto, para los alumnos.
