Dentro del alud de decretos y órdenes gubernamentales con los que Trump ha querido empezar su segundo mandato (una puesta en escena muy propia de la política de los golpes de efecto, que en este caso tiene el aliciente de poder decir que en cuatro días ha barrido el "régimen" de Joe Biden y los demócratas), ha habido una que de repente ha topado con la justicia: el orden que paraba el reconocimiento de la ciudadanía americana a las personas nacidas en territorio de EE.UU., la llamada ciudadanía por nacimiento. La pretensión, como puede leer en la información de Antonia Crespí Ferrer publicada por este diario, era impedir los anchor babies, es decir, los hijos de inmigrantes ilegales que obtienen la ciudadanía por haber nacido ya en territorio estadounidense.
El orden formaba parte del plan de deportaciones masivas que la nueva administración americana ha puesto en marcha como primera gran medida. Sin embargo, la ciudadanía es un derecho regulado por la Constitución de Estados Unidos, lo que hizo que, inmediatamente, la prohibición de la ciudadanía por nacimiento fuera contestada con otro alud, pero de recursos que denunciaban la inconstitucionalidad de la medida. El juez federal John C. Coughenour estimó la demanda presentada por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, y suspendió cautelarmente el decreto, que calificó como el caso más claro de inconstitucionalidad que había visto en cuatro décadas como magistrado . También manifestó que la orden le parecía incomprensible, y que no le cabía en la cabeza que un gobierno pretendiera promulgarla. La ciudadanía americana está garantizada a las personas nacidas y naturalizadas en territorio de EE.UU. por la decimocuarta enmienda a la Constitución del país, que fue ratificada en 1868 y que dice textualmente esto: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetos a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del estado donde residen". Trump enseguida declaró que él y su gobierno piensan apelar a la resolución del juez, y por tanto su gobierno ya ha comenzado un primer (e importante) conflicto jurídico.
Más allá de eso, el hecho es grave porque lo que está en juego es la propia idea de ciudadanía, quién la puede tener y quién no. Hoy pueden dejar de ser considerados ciudadanos, con igualdad de derechos y deberes, los hijos de inmigrantes ilegales, pero ¿por qué detenerse aquí? ¿Por qué no empezar a discutir la ciudadanía también de aquellos individuos que, por ejemplo, se considere que vayan contra el interés nacional, o el orden público? ¿Y por qué detenerse sólo en EE.UU., y no empezar a revisar el concepto de ciudadanía en todo el llamado mundo libre?
Éstas son las ideas de las derechas reaccionarias e iliberales de todo Occidente, y no todas lo dicen con enunciados tan inequívocos como los que utilizan Trump, Milei y otras luminarias del neofascismo emergente. Otros lo dicen sólo a medias, haciendo la ñeu-nyeu, escudados en un pretendido patriotismo. Cuidado que el acceso a la ciudadanía no empiece a verse restringido, en muchos países, a aquellos que se le puedan pagar.
