El presidente del gobierno español parece decidido a aprobar indultos parciales a los presos políticos para que queden en libertad antes de que acabe el verano. Esto se desprende de sus declaraciones en Bruselas, donde preparaba la opinión pública para una decisión que supondrá un terremoto político en España: "Es importante mirar al futuro, aprender de los errores y ser conscientes de que entre los valores primordiales de la Constitución no está ni la revancha ni la venganza, sino el diálogo y el respeto a la Constitución". De hecho, el gobierno español ya dejó claro, en relación a Catalunya, que todo lo que estuviera dentro de la legalidad se podría estudiar, y la concesión de indultos es una facultad que tiene cualquier ejecutivo y, lo más importante, que todos han usado.
Es evidente que la aprobación de los indultos, que son una cuestión de justicia, es solo un primer paso y no resuelve el problema judicial de fondo, que son las causas que afectan a cerca de 3.000 personas. Pero será un paso importante. Tanto, que es previsible que la derecha se movilice y haga subir la tensión política, puesto que se interpretará como una concesión a los independentistas y, como tal, como una traición. El PP ya ha avisado de que llevará la decisión al Tribunal Supremo con la esperanza de que la eche atrás, como ya pasó en 2013 con el indulto a un conductor kamikaze. Vox, seguramente, irá más allá e intentará utilizar la calle para presionar al gobierno y crear un clima irrespirable.
El gobierno del PSOE y Unidas Podemos, pues, tendrá que ser capaz de resistir esta presión, que será especialmente intensa en el Madrid de Díaz Ayuso, y de hacer pedagogía para que la población entienda que con los líderes políticos y sociales del independentismo en la cárcel es imposible empezar a desescalar el conflicto y devolverlo a la vía del diálogo y la negociación. Al mismo tiempo, los indultos se tienen que convertir en el pistoletazo de salida del inicio del diálogo con el Estado, en la prueba del algodón que indicará que Sánchez y su ejecutivo están dispuestos a dar pasos.
Desde Catalunya se tendrá que ser capaz de reconocer la valentía del gobierno español y de mantener la demanda de amnistía. La resolución del conflicto político tiene que pasar por el fin de la represión y por dar voz a la ciudadanía, dos soluciones que tendrían que poder tener cabida dentro del corpus legal español. El principal obstáculo, como siempre desde que empezó el Procés, radica en el deep state, en estructuras como la judicatura, que ha decidido en los últimos tiempos adoptar un papel claramente político y politizado, rebajando así la calidad democrática española.
Sánchez tendrá que demostrar que está dispuesto a emprender una reforma profunda del Estado, poder judicial incluido, si quiere no solo facilitar las cosas con Catalunya, sino incluso hacer realidad su programa progresista. El camino del diálogo será tortuoso y estará lleno de trampas, pero lo más importante es empezarlo con un gesto que cree un mínimo clima de confianza. Y este gesto tendrían que ser los indultos.
