Salvar el catalán en la escuela
La huelga por defender el catalán en la escuela llega en un momento extraño, después de otra huelga de tres días de los docentes, inquietos por un cúmulo de cuestiones, desde el cansancio fruto de la pandemia hasta los cambios en el currículum y en el calendario. En otros tiempos, la amenaza al catalán habría capitalizado todas las energías. Ahora la acumulación de frentes abiertos perjudica a esta causa. Hay, también, un agotamiento por unos ataques a la lengua que de tan reiterados y distorsionadores de la realidad pueden parecer poco relevantes. No lo son, claro. No estamos ante un tema menor, sino del flagrante menosprecio de un consenso que sigue siendo muy amplio en torno al catalán como lengua vehicular necesitada de especial protección en el sistema educativo. Una exigua minoría de familias, con el apoyo de la triple derecha española y de un amplio corazón mediático, ha logrado decantar la justicia hacia una absurda intromisión lingüística en la vida escolar, con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a impartir un 25% de horas lectivas en castellano en todos los centros educativos de primaria y secundaria.
La mayor paradoja es que en las aulas de ESO y bachillerato, a pesar de una normalización lingüística que, contra lo que se proyecta en la opinión pública española, siempre se ha aplicado con gran –incluso demasiado– flexibilidad, se enseña en castellano en porcentajes claramente superiores a los que exige el TSJC. El catalán lleva tiempo atrás, tanto en la calle como en la enseñanza. Quizás no se puede hablar de emergencia sociolingüística, pero sí de una situación preocupante de retroceso que corroboran todas las encuestas, tanto dentro como fuera de los centros de enseñanza, y especialmente notoria entre adolescentes y jóvenes.
Agotados los plazos de aplicación de su sentencia, ante esta evidencia sociolingüística y educativa, el TSJC deberá calibrar bien qué hace. La conselleria de Educación ha decidido que no aplicará los porcentajes exigidos y que, vista la situación real, lo que cree que toca, para cumplir con la ley de educación de Catalunya (LEC), es incrementar la presencia del catalán. Lo hará a través de un decreto sin cuotas, previa consulta de todos los agentes educativos y con el objetivo de asegurar que todos los alumnos de Catalunya siguen saliendo de la educación obligatoria –como ha pasado hasta ahora– con un conocimiento adecuado tanto del catalán como del castellano. Uno de los argumentos es que, con la nueva línea curricular basada más en competencias y proyectos que en asignaturas y exámenes, tiene menos sentido que nunca fijar porcentajes horarios de una lengua u otra vinculados a unas asignaturas que, como tales, tenderán a desaparecer, al igual que las clases magistrales ya van a la baja. Al margen del debate metodológico, ya de por sí complejo, parece lógico no añadirle un problema lingüístico. Un problema que, de hecho, no existe. La justicia debería hacer un esfuerzo de ecuanimidad y pragmatismo para facilitar una salida a este callejón sin salida creado artificialmente a partir de una ley (la del ministro Wert) que ya no está vigente y de una realidad, la lingüística escolar, que es mucho más favorable al castellano de lo que se había creído.
