“No se puede obligar a un país a elegir entre democracia y estabilidad, porque no hay inestabilidad mayor que la que emana de la corrupción”. La frase es de Pedro Sánchez y fue dirigida a Mariano Rajoy el día antes de la moción de censura que convirtió al líder socialista en presidente del gobierno español, el 1 de junio de 2018. El próximo lunes hará ocho años.
A pesar de que las circunstancias no son las mismas que ahora —en aquella época el PP acababa de ser condenado a título lucrativo por la trama Gürtel—, el mensaje era meridiano: que se marchen los corruptos y que comience la regeneración democrática. Decía Sánchez: “La corrupción disuelve la confianza de una sociedad hacia sus gobernantes y debilita los poderes del estado”. Pues estamos exactamente aquí.
También es verdad que la confianza en el poder judicial hace décadas que está tocada. Hemos visto independentistas catalanes condenados por delitos que no han cometido y hemos oído las risas de un juez cuando iba a redactar la sentencia del fiscal general del Estado, por poner dos ejemplos. O sea que tenemos motivos sobrados para pensar que hay intención política en las investigaciones judiciales, lo cual nos aboca a todos al devastador juego emocional del “yosí que te creo” o del “no te creo”, sin más fundamento que nuestras simpatías políticas. Y sí, todo el mundo es inocente hasta que la justicia no demuestra lo contrario, pero a Sánchez se le acumulan los investigados, incluido su propio partido.
Estamos aquí, asqueados, a causa de un bloqueo espantoso: ni el PP puede ganar una moción de censura ni el PSOE puede aprobar unos presupuestos. Es como si las funciones de gobierno y de oposición fueran puramente nominales. Y que el recambio sea el PP —que ha tenido al menos nueve ministros de Aznar investigados, procesados o encarcelados— con la muleta de Vox es la guinda de un pastel en el que Cataluña tiene un papel subordinado.
