La derecha y la extrema derecha encontraron petróleo con la amnistía asumida por Pedro Sánchez. La construcción de un enemigo enmascarará la falta de discurso y propuestas de PP y Vox, que presentan los acuerdos de investidura del PSOE como una rendición de Pedro Sánchez al independentismo, lo que supone otra traición a la nación española y, quizás aún más grave que eso, una herida al orgullo patrio y a la hidalguía que tiene que encarnar cualquier dirigente que quiera ser merecedor del cargo de presidente del gobierno.
El pleno de investidura realizado en un Congreso blindado por más de un millar de policías pone de manifiesto la excepcionalidad del momento. La mayor parte de la sociedad española, que nunca ha movido un dedo para rebelarse contra los abusos de todo tipo que han sufrido los independentistas desde el 2017, para reprimir una reivindicación legítima y democrática, vive con incomodidad una ley de amnistía que quiere meter en un cajón todas las causas judiciales y todas las condenas que se han ido sucediendo. Ni desde las filas progresistas ni desde las posiciones más recalcitrantes ha habido ninguna manifestación remarcable de rechazo a la incesante represión del Estado. Los encarcelamientos, sentencias, cargas policiales –incluidas las del 1 de octubre–, el espionaje ilegal, la persecución ante el Tribunal de Cuentas que se juzga este viernes y un rosario infinito de acciones se han aceptado con plena normalidad, considerando que era la respuesta lógica y natural que debía dar el Estado ante esta situación. Y así lo ha vivido y defendido el PSOE hasta que la aritmética electoral lo ha forzado a hacer algunas cosas distintas. Ya lo hizo la pasada legislatura con los indultos y la derogación del delito de sedición y lo hará esta legislatura con la aprobación de la ley de amnistía ya presentada en el registro del Congreso.
Se ha dicho –él mismo lo ha reiterado– que Pedro Sánchez hace de la necesidad virtud. La aceptación de la ley de amnistía, por mucho que ahora se explique con palabras grandilocuentes, llenas de trascendencia, sentido de estado y profundidad democrática, responde solo y exclusivamente a la necesidad política. Y bienvenida sea la realpolitik, porque a menudo es lo que más ayuda a avanzar las cosas. Pero esta situación obliga a Pedro Sánchez a tragarse muchos sapos.
La incomprensión de la sociedad española. No nos engañemos. Ni el PSOE ni la mayoría de la sociedad española quieren ni entienden la ley de amnistía. Quizás una parte la acepta como mal menor para detener un gobierno de la derecha y la extrema derecha, pero lo hacen arrastrando los pies, con la boca pequeña y la cabeza gacha. Los propios ciudadanos que callaron, consintieron e incluso aplaudieron los incontables actos de represión judicial, policial y mediática contra el independentismo son los mismos ciudadanos que ahora viven con una incomodidad más o menos disimulada que todo esto quede en papel mojado. La sociedad española, a diferencia de la mayoría de la sociedad catalana, no esperaba ni deseaba ninguna ley de amnistía. Y Sánchez tendrá que hacer mucha pedagogía con gente que no quiere escucharlo.
El sapo que se tragan los socialistas. Solo desde las posiciones más orgánicas hemos oído a los dirigentes socialistas defender las bondades de la amnistía. Es evidente que esta medida no ha gustado a muchos de sus votantes ni de sus militantes. Y la vieja guardia, con Felipe González al frente, hizo una enmienda a la totalidad del planteamiento que defiende la dirección actual. El consuelo de seguir en la Moncloa no ahorra a Pedro Sánchez el reto de recoger el estropicio y el desgaste interno que todo esto está comportando.
El relato de la derecha. La ley de amnistía simplifica el discurso de oposición a Pedro Sánchez. Para ellos es la prueba más clara de la rendición y la traición para deslegitimar al nuevo gobierno. No faltarán potentes altavoces mediáticos para recordar esto constantemente. El PSOE tendrá que pagar un peaje a cada votación del Congreso para sumar apoyos suficientes y eso será un desgaste muy difícil de remontar.
Los poderes fácticos contra la amnistía. En España, el gobierno manda, pero otros poderes fácticos a veces mandan más. Si antes de saberse el texto ya se han pronunciado en contra de la ley de amnistía varios estamentos del Estado, con el gobierno de los jueces al frente, es de esperar que los ataques lleguen por tierra, mar y aire para desactivar la iniciativa y corregir la traición del PSOE. Con el Estado en contra, Pedro Sánchez lo tendrá aún más complicado.
Los cuatro años que vienen son una gran oportunidad para Catalunya en el ámbito nacional, social y económico. Esperemos que ningún partido independentista se equivoque de adversario y se aproveche, con inteligencia, la coyuntura que tenemos. Si no, seremos los catalanes los que tendremos que tragarnos aún más sapos.
