Cincuenta años (prorrogables a sesenta, o sesenta y cinco) para desclasificar documentos relativos a altos secretos de estado es el plazo que propone el anteproyecto de la ley de secretos aprobado este lunes por el gobierno de España. Esto quiere decir que, si se cuenta a partir de ahora, se podrá acceder a la información sobre el Catalangate y Pegasus entre el año 2072 y el 2082, cuando huelga señalar que ninguno de los implicados estará ya en este mundo. Lo mismo podemos decir de la operación Catalunya, o de las matanzas de "migrantes ilegales" en Tarajal o en Melilla, o del encarcelamiento de los jóvenes de Altsasu, o de las campañas para difamar a determinados políticos de la izquierda española o del independentismo catalán. Todos estos momentos negros del estado de derecho que nosotros hemos vivido se habrán convertido en historia, y se podrá tener acceso a ellos (en teoría) dentro de medio siglo, si antes no lo ha revelado todo el sicario Villarejo.
Cincuenta años (o sesenta, o sesenta y cinco), ¿son muchos o pocos? Depende. En comparación con la ley franquista vigente hasta ahora, que establecía que los altos secretos de Estado tenían que permanecer secretos para siempre jamás más, sin duda es una mejora significativa. El plazo español, si finalmente se aprueba, no diferirá mucho de los baremos de las democracias de referencia: el año que viene hará 60 años del magnicidio de Kennedy en Dallas, y la aclaración de la autoría del crimen brilla por su ausencia. Ahora bien, cincuenta o sesenta años equivale a dos generaciones, que es la cifra que se considera óptima para consolidar el olvido y la desinformación. A los sistemas de poder (también a los sistemas de poder democrático) les pasa como a las personas normales y corrientes: a menudo, aquello que más temen, aquello que les puede hacer más daño, es la propia memoria.
