De la sentencia del TC sobre el estado de alarma a la nueva variante
El Govern prevé devolver este enero los 4,6 millones de euros correspondientes a las 24.295 multas impuestas, tramitadas y pagadas por incumplimiento del primer estado de alarma, el del confinamiento. El departamento de Interior los devolverá a medida que los ciudadanos afectados llenen un formulario que se prevé activar antes de Navidad. La operación, que adelantamos en el ARA, está pendiente del gabinete jurídico e incluye un factor que Interior descarta, pero no así los expertos: el posible pago de intereses de demora. El método elegido para devolver el importe de las multas pagadas (apenas el 17% de las tramitadas) trata de responder a una de las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de julio que anulaba el artículo del decreto de estado de alarma referido al confinamiento.
La resolución del TC, a partir de un recurso de Vox con todo el apoyo del PP, tiene otras consecuencias además del cobro de sanciones. Sobre todo deja en falso al gobierno del Estado a la hora de tomar determinadas medidas ante una pandemia si no quiere decretar un estado de excepción. Y, desaparecido el paraguas estatal, pasa lo mismo en el resto de administraciones. El gobierno de Pedro Sánchez continúa sosteniendo que la decisión entraba dentro de los "parámetros constitucionales", y lo cierto es que la profunda división en la resolución del TC (seis votos a cinco) le da argumentos. Pero también tiene claro que el eje de la cuestión pivota tanto (o más) sobre el factor político que sobre el jurídico. En este sentido, espera como agua de mayo que se hagan efectivos los cambios en el TC pactados con el PP.
Pero como muy temprano esto pasará en junio y, a pesar de que las expectativas sobre la pandemia eran optimistas, a la salida del verano, por los niveles de vacunación, la irrupción de la variante ómicron abre un panorama ostensiblemente diferente. Cada día se confirman más casos en Europa y, mientras no se acaba de establecer científicamente qué efectos tiene la ómicron sobre una vacunación completa, los diferentes países van tomando medidas. En el Reino Unido recuperan la mascarilla poniendo énfasis en su uso (nunca masivo hasta ahora), y el cierre de varias actividades de ocio ha provocado manifestaciones con incidentes, especialmente graves en Bélgica y los Países Bajos, ya antes de la irrupción de la ómicron. Portugal ha anunciado que del 3 al 10 de enero el teletrabajo será obligatorio en todas las empresas, y que bares, discotecas y escuelas estarán cerrados (no se celebran los Reyes). Al listado se añadió ayer Israel con el cierre de fronteras a los extranjeros durante 14 días.
Este crescendo, que por ahora no se ve en el Estado más allá de la suspensión de los vuelos con Suráfrica y Botsuana, puede acabar llegando aquí. Los niveles de vacunación en España y Catalunya son muy altos, pero todavía no conocemos el grado real de protección ante la nueva variante. La incógnita se mantiene. Los responsables médicos han negado por activa y por pasiva que se tenga que volver a vivir un confinamiento total como el de marzo del 2020. Pero ante cualquier medida restrictiva y dura que se tome, sería bueno saber exactamente en qué márgenes jurídicos se mueve el ejecutivo español. Si tiene algo previsto más allá de esperar a junio para que el cambio al TC sea real. O si, al contrario, nos tenemos que resignar a asistir a otro lío legislativo, jurídico y burocrático que caiga en cascada por todas las administraciones.