Serio aviso de Europa
El Consejo de Europa acaba de aprobar una resolución que critica de manera severa la criminalización del Procés relacionada con los hechos de septiembre y octubre de 2017. A pesar de que la resolución tiene cuidado de no poner en cuestión la condición democrática de España y recuerda que el referéndum del 1-O se convocó de manera ilegal y en contra de las advertencias hechas por el Tribunal Constitucional, advierte de la exagerada reacción del Estado ante aquellos hechos, que ha puesto en cuestión valores esenciales de cualquier democracia; concretamente la libertad de expresión y de reunión y el respeto al principio de legalidad en materia penal.
No se trata precisamente de derechos menores, porque todos ellos son imprescindibles para poder hablar de un estado verdaderamente democrático. El Consejo de Europa nos dice que España respeta estos derechos a todos los efectos, pero también nos dice que se ha producido una grave excepción en el caso del Procés. Es una excepción que le ha llevado a dar una respuesta desmesurada a unos hechos que nunca tendrían que haber llevado a una condena por sedición y a la imposición de largas penas de prisión.
En la inmensa mayoría de estados, cuestionar la integridad territorial suele herir en carne viva. Pero en España es un acto que produce especial intolerancia. Aunque la Constitución no sea militante y permita defender un proyecto independentista, la calidad de nuestra democracia no es la misma que la de otros países a la hora de recoger un desafío de esta naturaleza. Solo esto explica el aprovechamiento interesado que el Estado hizo de los déficits legales en los que incurrió el Procés, para darles una dimensión penal que en ningún caso tendrían que haber tenido.
Esto es lo que dice precisamente la resolución del Consejo de Europa cuando descalifica en toda regla la tesis en la que se fundamentó el Tribunal Supremo para condenar por sedición. Para el Consejo de Europa, los hechos que el Tribunal Supremo toma como fundamento para condenar por sedición están amparados por el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión pacífica, sin ser idóneos, en ningún caso, para poder ser considerados penalmente como el tipo de levantamiento tumultuario que exige el delito de sedición.
El Consejo de Europa también remarca que la organización de un referéndum ilegal fue despenalizada en 2005 y deduce que, para obviar esta derogación, el Tribunal Supremo ha hecho una interpretación desproporcionada e injustificada del delito de sedición para castigar por elevación unos hechos que, para ser considerados sedición, habría hecho falta que tuvieran un elemento de violencia que no existió. Una interpretación que ha llevado a la inoperancia la despenalización de la organización de un referéndum ilegal y a aplicar, en cambio, con un resultado perverso, unas penas desproporcionadas por unos actos pacíficos.
El posicionamiento del Consejo de Europa coincide con el informe que Amnistía Internacional hizo público cuando se conoció la sentencia del Tribunal Supremo, y esto no es una sorpresa, al menos para aquellos que ya hemos tenido ocasión de expresar por escrito las debilidades de la condena por sedición. Pero la resolución del Consejo de Europa da un paso más por razón de la relevancia de la institución que expresa de manera tan clara las dudas que España haya actuado como una democracia madura con relación al Procés y también por la contundencia de su mensaje a la hora de pedir rectificaciones.
Pedir a las autoridades españolas que reformen la regulación penal del delito de sedición para que no se puedan meter en el futuro hechos propios de la organización de un referéndum ilegal o manifestaciones no violentas, y adoptar medidas para liberar a los condenados y poner fin a los actuales procedimientos de extradición son una enmienda en toda regla al comportamiento seguido por el Estado con relación al Procés, como lo son también las demandas para que cesen las actuaciones penales o económicas adoptadas contra funcionarios de rango inferior vinculados con la organización del 1-O, o para que se obligue a renunciar a las ideas políticas para obtener beneficios penitenciarios.
La resolución del Consejo de Europa se produce el mismo día en que el presidente del gobierno español ha anunciado la concesión de los indultos. No creo que sea una coincidencia, porque la resolución del Consejo de Europa hace días que era causa de preocupación en el gobierno español. La resolución seguramente no será del agrado de las autoridades españolas, pero objetivamente refuerza la posición de los que creen que es urgente abordar definitivamente el conflicto dentro del marco político, del cual no tendría que haber salido nunca. Sería inteligente utilizar la resolución en esta dirección cuando el Consejo de Europa ha certificado que criminalizar el Procés tal como se ha hecho en España no es propio ni digno de una democracia. Es un toque de atención muy importante, sobre todo cuando España comparte con Turquía el incómodo protagonismo de ser uno de los dos únicos países mencionados directamente en la resolución del Consejo de Europa.
Antoni Bayona es profesor de derecho en la UPF y ex letrado mayor del Parlament
