Estamos en un momento especialmente importante para Catalunya, en el que, con la negociación de un nuevo acuerdo económico con el Estado, puede aumentar la soberanía real y los recursos de que dispone el país, y, por tanto, conseguir una parte de lo que se intentaba con la independencia. No todo, es evidente, pero sí, según el resultado al que se llegue, una mejora sustantiva para la hacienda catalana.
Hay muchas personas que creen todavía que o todo o nada, que cuanto peor, mejor, que señalan la independencia política como única solución aceptable al pleito catalán. Desde mi punto de vista, es un error: en política no se pueden esgrimir constantemente los grandes principios, aunque, efectivamente, la gran política nunca debe olvidar la dirección hacia la que debe andar. Pero después hay que avanzar paso a paso, de forma muy flexible, aprovechando coyunturas y oportunidades. Y en este momento se presenta una importante, que de ninguna manera debe desperdiciarse por razones partidistas a corto plazo. No nos perdamos en peleas lingüísticas, por favor. Como nos decía hace unos días Andreu Mas-Colell, el enfrentamiento sobre concierto o no concierto no hará sino envenenar más la situación, que desde la derecha española se utilizará para hacer fracasar cualquier acuerdo. Aceptemos formulaciones lingüísticas menos connotadas, porque lo que cuenta es el resultado final de la negociación. Y es ese el mérito que podrán esgrimir los partidos que lo hayan conseguido, no el hecho de haber sido más duros e intransigentes, una posición que solo puede llevar al fracaso.
Yendo al fondo de la cuestión, es evidente que esta negociación es una gran oportunidad para revisar la forma de funcionamiento económico del estado de las autonomías. Se estableció hace casi 50 años, en un momento completamente distinto al actual. No se ha cumplido el compromiso de revisarlo. Por una serie de razones, Navarra y el País Vasco gozaron de situaciones especiales, muy ventajosas. Nunca sabremos si Catalunya rechazó la singularidad o hubo una negativa a concederla, en un momento en el que políticamente todo era tan incierto que no sabíamos si cualquier día un golpe de estado militar nos devolvería al punto de partida. Después, mucha gente ha lamentado el café para todos, es decir, no haber logrado una financiación especial para Catalunya, con hacienda propia. Desde mi punto de vista, que fuera un pacto general permitió que saliera adelante: todo el mundo tenía interés en mantenerlo. Mientras que si Catalunya hubiera gozado de una situación especial, más ventajosa, las críticas y los intentos de reversión habrían sido inmediatos. No olvidemos que la derecha española ha utilizado el anticatalanismo como elemento de cohesión de sus votantes en gran parte de España desde los años ochenta.
Lo mejor para todos, estoy convencida, es que se produzca un nuevo pacto en el que todas las autonomías salen beneficiadas: es la forma de blindarlo. Empeñarse en la singularidad no hará sino hacer imposible el acuerdo y dar pie a una nueva ola de anticatalanismo, siempre a favor del españolismo más rancio. Llegar a otra forma de financiación, más favorable, es ya un gran reto, y un gran paso para los partidos políticos que lo logren. Es lo que quedará en la historia y que beneficiará al país, más que cualquier declaración incendiaria, que no resuelve las necesidades reales de la ciudadanía.
Yo no soy la persona adecuada para entrar en los aspectos técnicos de esta negociación. Sin embargo, desde mi punto de vista, el nudo de la cuestión radica en el concepto de solidaridad interterritorial. En principio, todos podemos estar de acuerdo en que la solidaridad es necesaria, pero, ¿hasta dónde? ¿En qué condiciones? Me parece muy significativo que, entre los elementos que el Tribunal Constitucional suprimió en 2010 en el Estatut de Catalunya aprobado en 2006, hubiera una frase del artículo 206 en la que se establecía la necesidad de solidaridad interterritorial para que todas las comunidades llegaran a un mismo nivel de calidad de los servicios "siempre que hagan un esfuerzo fiscal también similar". Esta condición fue eliminada en ese recorte que nunca habría tenido que producirse sobre un texto aprobado democráticamente. Una forma de negar esa igualdad de los españoles que tanto se esgrime.
La Unión Europea marcó el camino: tratamiento económico privilegiado, sí, durante un tiempo, y aprovechadlo para poneros a nivel. Luego, se acabó, que no puede ser que la desigualdad de contribuciones y retribuciones se eternice. Este planteamiento puede ser un camino a seguir para enfrentar esta revisión necesaria sin que Catalunya aparezca siempre como la que se niega a la solidaridad. Al mismo tiempo que, comparativamente, se va empobreciendo.
