Una maestra de música de primaria, recién llegada a la escuela de una población con un altísimo índice de inmigración extracomunitaria, me comenta que el problema no es hacerles cantar el Sol, solito, sino un paso previo: hacerles estar dentro del aula. Dice que no tienen el hábito de estar entre cuatro paredes y que, en cuanto pueden, se escapan porque quieren estar fuera. Se trata de una profesional con un empujón que no se le acabará, pero sirva su testimonio para ser conscientes de cuáles son los panoramas de cientos de maestros de este país que antes de transmitir conocimientos se encuentran que deben poner topes en una ventana para que los niños no se marchen.
El presidente Illa ha anunciado que propondrá un acuerdo a la OCDE para que los mejores expertos asesoren al Govern en la obtención de mejores resultados educativos. La intención es buena, siempre que no esté motivada, sólo, por el miedo a que una mala nota en el informe PISA (bien probable) suspenda al Gobierno y se le gire políticamente en contra, y siempre que los expertos entiendan el cambio sociológico que se ha producido en Cataluña en los últimos veinte años en un país de alta complejidad política y lingüística antes de empezar a exclamarse por los niveles de matemáticas o de comprensión lectora.
Como es habitual, a la portavoz del sindicato USTEC le ha faltado tiempo para criticar el anuncio del acuerdo Gobierno-OCDE, con las clásicas consideraciones sobre la interferencia de "las multinacionales" y "el mercado" en las decisiones sobre educación. En nombre de los maestros siempre hablan los sindicatos, a falta de colegio profesional. No debemos sacralizar las notas de PISA como única medida del funcionamiento de un sistema, pero un país con un alto nivel de bienestar social es un país con un buen nivel educativo, y hablar de ello con la OCDE no debería ser ningún tabú.
