Resistir es vencer. Este es el dogma de fe de Pedro Sánchez y lo seguirá siendo por mucho que su mandato se parezca cada vez más a un vía crucis. Sin embargo, es evidente que esta última semana la solidez de la heterogénea coalición que lo apoya ha quedado en entredicho, poniendo de manifiesto contradicciones casi inasumibles. Pero como dijo hace muchos años Macià Alavedra en el Parlamento catalán, hay algo peor que una mayoría estrafalaria, y es una minoría estrafalaria. El PP y Vox, con su tendencia al histrionismo, siempre hacen que los malos trances del PSOE sean más soportables.
En clave catalana, ha sido una semana de gloria para Junts, que tras su epifanía pactista ha puesto en valor sus escaños con un oportuno ejercicio de audacia, justo cuando el resto de socios del PSOE –particularmente ERC, PNV y Bildu– habían decidido darle una tregua a Sánchez por conveniencias diversas. Solo Junts (y Podemos) son lo suficientemente libres para hacerle ver a Sánchez que la ley del embudo no procede a una mayoría tan precaria. Las cesiones a última hora del PSOE han enfadado a sus socios tradicionales, lo que seguramente tendrá un precio en el futuro cercano. Pero mientras tanto Puigdemont ha obtenido los titulares y las iras de la derecha españolista, lo que tiene posiblemente mayor valor político que los acuerdos tangibles, de alcance difícil de calibrar, porque mucho de lo pactado ya se aplicaba antes, o jamás se aplicará, o se aplicará a medias, como ya se ha encargado de precisar el ministro Bolaños. Los jueces, la letra pequeña o Bruselas se encargarán de echar agua al vino, como ya ocurrió en el tema del uso del catalán en la UE.
Sin embargo, la anunciada delegación de las competencias en inmigración tiene una gran importancia simbólica. No solo por su contenido, sino porque demuestra el instinto político de Junts, que ha detectado el valor electoral de la cuestión migratoria y ha decidido jugar esta carta a fondo, en competencia con la ultraderecha catalana con epicentro en Ripoll. El ADN convergent se va imponiendo de forma inexorable a la voluntad inicial de hacer de Junts un catch-all party. Esto aporta claridad al mapa político catalán, pero vaticina que la inmigración ya no estará nunca más alejada del electoralismo.
Este acuerdo afecta, claro está, al gobierno de la Generalitat, y en este sentido la respuesta de los dirigentes de ERC ha sido muy poco acertada. Un gobierno que se llama soberanista debe querer todas las competencias posibles para Catalunya, también las de inmigración, y sorprende que sus portavoces se hayan centrado en negar, casi con satisfacción, la relevancia del acuerdo (como hizo Junts con la cesión de Cercanías). Lo inteligente habría sido alegrarse, pedir detalles y proclamar que, mientras gobierne ERC, la política de inmigración será estricta pero también inclusiva, sin ceder a tentaciones xenófobas. Esta era la manera de marcar distancias con Junts, y no negarle sus méritos negociadores.
En los últimos tiempos, gracias a la pinza involuntaria entre las dos grandes fuerzas del soberanismo, han llegado la amnistía, el traspaso de Rodalies, la gestión del ingreso mínimo vital, las competencias en inmigración, una pista de aterrizaje para las empresas que se marcharon en 2017... Y todo ello con Salvador Illa de invitado de piedra. Es una lástima que, en lugar de poner de manifiesto la irrelevancia del PSC, sus dos grandes rivales se azoten mutuamente. Porque es evidente que el hecho de que Junts se incorpore a la dinámica de la negociación genera una subasta continua que, al fin y al cabo, ensancha los límites del autogobierno. Quizás esto compensa el espectáculo cotidiano de las batallitas partidistas causadas por los celos y los egos mal gestionados.
