La derecha española está sobreactuando tanto estos días que ha terminado convirtiendo la ley de amnistía por los hechos del Proceso en un delito aún más grave que el propio Proceso. Porque de los independentistas ya sabes qué puedes esperar, pero que un presidente español lleve una amnistía en el Congreso sólo puede ser calificado de alta traición.
Todo el mundo sabe que si Junts hubiera investido Feijóo habría prevalecido la doctrina de González Pons (“Junts es un grupo que, al igual que Esquerra, más allá de lo que cinco o diez personas llevaran a cabo, representan un partido la tradición y legalidad del que no están en duda”, 23 de agosto de 2023), pero ahora toca la doctrina Berlanga de todos terroristas.
Si se aprueba la amnistía, podremos volver a repartir las cartas sin que llevemos atada a la pierna la bola y la cadena de la represión. A esto Puigdemont ha dicho “una nueva etapa, en la que la lucha antirrepresiva dejará de ser una prioridad”.
Ojalá, porque la justicia no aflojará en sus esfuerzos probatorios, pero la realidad es que no nos hemos movido mucho de dónde estábamos, exceptuando la toma de conciencia colectiva. La nueva etapa tendrá muchas cosas de las etapas de toda su vida. Veas la información del ARA que sitúa a Catalunya en la cola de la ejecución de las inversiones del Estado, en una clasificación que (oh, sorpresa) encabeza Madrid. Una información que el gobierno de Sánchez no quería hacer pública. La represión es la cara visible de una consideración estructural del Estado con Catalunya, y corresponde a Esquerra i Junts, ahora con capacidad de influir en Madrid, que la nueva etapa sea la del fin de los incumplimientos. De lo contrario, se le llama cornudo y pagar la bebida.
