Hay un hilo de lógica argumental en la manía del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de considerar que la protesta del Tsunami en El Prat fue terrorismo. Si la manifestación frente a Economía del 20 de septiembre fue sedición, si el referéndum del 1 de Octubre fue un golpe de estado, si según la vicepresidenta de entonces el objeto de las actuaciones policiales nunca fueron las personas sino las urnas, y si a los presos políticos les acabaron procesando por rebelión, es lógico concluir que entre los miles de manifestantes que ocuparon la terminal de El Prat había terroristas.
Es el mismo hilo del relato de autoconsumo que une esta acusación del Tsunami con otros momentos estelares de la humanidad, que diría Zweig, como que el rey salvó a la democracia con un discurso, por no hablar de que Trias tenía una cuenta en Suiza o que la amnistía es lo más triste que ha visto el Congreso de los Diputados desde que Tejero y sus guardias civiles entraron disparando ráfagas de metralleta el 23-F.
El juez afirma que había manifestantes que iban armados porque tiraron carros y extintores, pero todo el mundo sabe que lo dice con la esperanza de que el Tsunami encaje, aunque sea a martillazos, en la directiva europea de lucha contra el terrorismo y, de este modo, Puigdemont y Rovira no puedan ser amnistiados. Aznar dio la orden: todo el mundo que pueda hacer algo, que lo haga, y el juez se ha puesto a trabajar.
Claro, si eso fue terrorismo, Europa entera se llena cada semana de manifestaciones terroristas con gente armada. Y es una lástima, porque si el juez quiere saber dónde sí hubo armas en serio, puede investigar quién y por qué dejó aparcado, abierto y con armas el coche de la Guardia Civil en la puerta de Economía el 20 de septiembre de 2017, lo que, incluso en el benévolo supuesto de que fuera una negligencia, fue gravísimo, y todavía no sabemos quién fue responsable.
