Cuando estudiaba Derecho, nos contaban en clase la leyenda del poderoso emperador Federico el grande de Prusia y un humilde molinero. Dice la leyenda que el molino afeaba las vistas del palacio del emperador, que quiso comprarle el molino al molinero. Pero el molinero, amablemente, rehusó la oferta. Contrariado, Federico lo amenazó con derribarlo por las bravas, a lo que el molinero respondió que, en tal caso, se vería obligado a denunciarlo. El emperador le preguntó cómo alguien de tan baja condición se atrevería a desafiarlo con un pleito. El molinero contestó: porque todavía hay jueces en Berlín.
La leyenda servía para que los estudiantes comprendiéramos no solo que el Derecho es igual para todos, sino que su función es también la de proteger a los débiles de los abusos de los poderosos. Y este es, básicamente, el fundamento de la independencia judicial.
Suele argüirse que el problema de la independencia judicial en España deriva de que los vocales del CGPJ sean elegidos en el Parlamento. Es falso. El sistema de elección puede tener defectos, pero nada asegura que un sistema de elección que diera todo el poder a las asociaciones de jueces tuviera mejores resultados, en términos de independencia. Hay quien señala que el carácter tradicionalmente conservador de la judicatura respecto a la sociedad se ve compensado cuando en la elección participan los representantes de la soberanía popular (eligiendo de una lista que supervisa el propio CGPJ). No olvidemos que algunos de los que hoy se consideran grandes avances sociales, como el divorcio, el matrimonio igualitario o la legislación con perspectiva de género, tuvieron grandes resistencias en amplios sectores de la magistratura. Pero Locke dio el mejor argumento: los jueces debían ser simplemente “la voz de la ley” que expresa la soberanía popular. Este principio liberal sigue generando, como decimos, resistencias en ciertas élites del poder judicial. Lo vimos en el dictamen del CGPJ contra la ley de libertad sexual, conocida como “Ley solo sí es sí”, que traducía por fin en norma una voluntad social ampliamente mostrada respecto a casos de violación que no eran castigados como tales.
Sin embargo, el verdadero problema de la independencia judicial en España no es tampoco el carácter conservador de buena parte de la judicatura. El problema de la independencia judicial en España se llama Partido Popular y no se trata, ni mucho menos, de un problema reciente. Cuando el otrora director de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, a la sazón senador del PP, escribió un famoso whatsapp a su bancada celebrando un acuerdo para la renovación del CGPJ por el que, decía, gracias al juez Marchena, iban a controlar la sala II del Tribunal Supremo, estaba reconociendo el modus operandi de su partido. En el PP siempre han sabido que del control del gobierno de los jueces dependía su existencia política y, desde hace demasiado tiempo, han diseñado para lograrlo una estrategia que combina bloqueos, imposición de jueces afines al partido y presiones innobles. Al fin y al cabo, salir bien parados de su endémica corrupción ha dependido básicamente de colocar a sus piezas en posiciones jurisdiccionales estratégicas. La conversación telefónica grabada por la policía entre Ignacio González y Zaplana, en la que hablan de traerse de vuelta a la Audiencia Nacional al juez García-Castellón, es otro ejemplo. Muchos han recordado estos días aquella conversación visto el cierre de la investigación sobre la trama Kitchen decidido por García-Castellón que ha librado una vez más a Rajoy y a Cospedal de rendir cuentas. El escrito de apelación de la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del juez es demoledor pero, como cabía esperar, no ha generado gran interés en los medios conservadores. Con todo, y aún a pesar del PP, el Derecho es el Derecho y los jueces son jueces, e incluso con todo a su favor, importantes dirigentes de la derecha han acabado entre rejas por corruptos. Pero imaginen ustedes cómo habría sido la historia en el caso de que el PP no hubiera podido controlar, por detrás como decía Cosidó, a ciertos jueces.
Como ha demostrado Ignacio Escolar en varias investigaciones periodísticas, los vínculos con el PP de vocales del Consejo y de jueces del Supremo son sencillamente obscenos. Pero esa obscenidad llega a límites delirantes cuando hablamos de Carlos Lesmes. Este mismo periodista explica que Lesmes es, básicamente, un producto del PP, no tanto por haber sido director general varias veces con Aznar y subordinado nada menos que de Rafael Catalá sino por el papel que ejerció, como detalla el citado periodista, a la hora de apartar a colegas incómodos (Ruz, de Prada…) que investigaban la corrupción del PP.
Ante la impresentable situación actual, de más de mil días de ocupación ilegítima del CGPJ, donde muchos ven una evidente connivencia entre un PP que bloquea con excusas cambiantes y un presidente del Consejo que ha seguido haciendo nombramientos que no molestan al PP, cabe preguntarse qué se puede hacer. Pensar, a estas alturas, que se puede lograr un acuerdo con el PP para renovar el Consejo es, a mi juicio, ingenuo. Casado no tiene el más mínimo incentivo para cumplir esa Constitución en la que tanto se escuda para atacar a sus adversarios. Por eso es necesario reformar el sistema de elección de vocales para acabar, de una vez, con el bloqueo. Algunos juristas razonan que se podría mantener la mayoría de 3/5 para una primera votación, pero, en el caso de que no se lograra esa mayoría, establecer para una eventual segunda votación una combinación de una mayoría absoluta con el acuerdo de la mayoría de los grupos parlamentarios de las cámaras.
Les aseguro una cosa: si algo convencería a Casado de que le conviene participar en la renovación del Consejo es imaginarla como resultado de una acuerdo de las fuerzas políticas que aseguran la legislatura. Básicamente porque se les acabaría el chollo de controlar “por detrás” a los jueces.
