Nuevamente las elecciones han puesto sobre la mesa las cuestiones ferroviarias en Catalunya. El president Aragonès ha reclamado el "traspaso integral de Cercanías". Leído en el programa electoral se concreta así: “[...]Traspasar los recursos económicos pertinentes y transferir la titularidad de la infraestructura ferroviaria, así como el material móvil, el personal y las estaciones en condiciones de uso a la Generalitat [.. .]” Tres temas a la vez: recursos, titularidad y uso.
De acuerdo, pero, de todos, el central es la titularidad. Por decirlo alto y claro: la titularidad significa preguntarse de quién son las vías y las estaciones. En Austria, Dinamarca o cualquiera de los países de la Unión Europea, las infraestructuras ferroviarias son parte del patrimonio del estado. En España también. Las vías de Ferrocarrils de la Generalitat son de titularidad de la Generalitat de Catalunya en la medida en que la Generalitat es estado. La cuestión es: ¿por qué el Estado central tiene que ser el propietario de la infraestructura de Cercanías? La respuesta inmediata es que las vías por las que corren los trenes de Cercanías funcionan para otros servicios, como la media distancia o mercancías. La infraestructura de Cercanías no puede disociarse del resto de la infraestructura ferroviaria. Pero, entonces, la cuestión es: ¿por qué el titular de las vías tiene que ser el estado central?
En virtud de la titularidad de las vías se garantiza la fiabilidad (que no caigan las catenarias), se regula el servicio (incluso la concurrencia de los operadores que mueven los trenes) y se planifica el futuro. Y es esta cuestión, la potestad de planificación del futuro del territorio, lo que me parece decisivo desde el punto de vista de la política territorial, porque se traduce en capital fijo. ¿Quién tiene el derecho a decidir cómo tiene que mejorar el mapa de la red de las infraestructuras en Catalunya? He dicho derecho, es decir, se trata de un asunto de fuero. La única respuesta razonable es la más ambiciosa: es necesario reclamar la transferencia de la titularidad de toda la red ferroviaria en Catalunya a la Generalitat. Si la Generalitat es estado, tiene que ser capaz de actuar según el interés general, y ese interés no debe ser contradictorio con el del estado central siguiendo el famoso principio de que “lo que es bueno para Catalunya lo es para toda España”.
Tengámoslo claro. La Generalitat de Catalunya, hoy, no es la titular de la mayor parte del sistema ferroviario de Catalunya. Es titular, sí, de metro y ferrocarriles suburbanos y segmentos aislados del sistema. Pero para la inmensa mayoría de los movimientos de las personas y las mercancías, la política de movilidad se hace desde el ministerio, porque la titularidad y casi todas las competencias que se derivan son suyas. Catalunya, pues, no gobierna la política territorial de su territorio con la plenitud indispensable.
¿Esto que se defiende para el “carril de hierro” se podría decir también de la red viaria? Sí, pero hoy y desde hace décadas la tragedia para la vida y el progreso de los ciudadanos de Catalunya se concentra en una red, la ferroviaria, que por razones políticas el gobierno central ha desatendido pensando solo en la construcción del Gran Madrid como razón de estado.
¿Qué propone el Gobierno de España, el titular de las infraestructuras ferroviarias, en su documento Agenda para el reencuentro, que hace unos años dejó en la mesa del presidente catalán? “Partidas presupuestarias” y, como son magnánimos y negociar significa aflojar un poquito, “¿qué tal si se incluye la doble vía hasta Vic”? Son migajas. La pregunta que me hago es: ¿tenemos claro cuál es el planteamiento a hacer sobre esta cuestión? Voy al dilema que todos los catalanes hemos tenido que resolver en un momento u otro negociando en Madrid: ¿fuero u huevo? ¿Nos trabalearemos con las cosas o iremos al principio? ¿Masoveros de los trenes de Cercanías o dueños de nuestra red ferroviaria?
La Generalitat tiene que tener las mismas competencias que el estado central sin ninguna tutela. Catalunya tiene que asumir la titularidad y todas las competencias de forma que Adif desaparezca de nuestro país y se transfieran todos sus bienes y activos. Igual que ocurriría si el escenario fuera el de implementar la plena autonomía política de Catalunya. Una cuestión de fuero.
Todo lo que defiendo para los caminos de hierro ya lo pidió la sociedad catalana en relación con Aena en cuanto a los aeropuertos. ¿Mantener una posición de fuero es difícil? ¿Imposible? Hace más de 25 años, los Mossos d'Esquadra eran una policía decorativa en Catalunya y hoy forman parte de nuestro paisaje cotidiano. En otras palabras: ¿por qué la política de orden público sí y la política territorial menos?
