La estrategia legislativa de la conselleria de Educación para esquivar el cumplimiento del 25% de castellano en las aulas dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado fruto. Es una victoria relevante pero parcial. Con el cambio legislativo, el TSJC da por inaplicable su sentencia lingüística y se propone elevar el caso al Tribunal Constitucional (TC), donde se producirá la decisión final, esta ya sí inapelable. Todo empezó en el TC, cuando en la sentencia del 2010 introdujo la idea de hacer que el castellano fuera también lengua vehicular de la enseñanza junto al catalán, y más de una década después todo acabará en el mismo lugar. Es verdad que el TC nunca ha hablado de cuotas ni porcentajes. Está por ver hasta qué punto entrará en detalles o dejará margen de interpretación a la idea de vehicularidad lingüística compartida para garantizar el aprendizaje de catalán y castellano. Un aprendizaje, hay que recordarlo, que el sistema de inmersión siempre ha garantizado, tal como demuestran los datos de los últimos cuarenta años.
En todo caso, con el reconocimiento por parte del TSJC que no puede seguir adelante, lo que seguro que se gana es tiempo y tranquilidad, de forma que el curso que viene empezará, al menos en esta cuestión, con más calma. Los centros tendrán que hacer su proyecto lingüístico, pero sin la espada de Damocles de la sentencia del 25% encima. De aquí la satisfacción del conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, que acaba el curso con un respiro en un asunto políticamente capital que comportó una compleja negociación, finalmente exitosa, con los socios de gobierno de JxCat y con el PSC y los comuns. El amplio consenso conseguido, en especial en la ley del catalán en la escuela, y el hecho de contar con el aval del Consejo de Garantías Estatutarias da solidez al rechazo al 25% que había dictado el TSJC, cosa que ha llevado a este alto tribunal a tirar la toalla: los magistrados creen que la nueva situación legal “impide de forma sobrevenida la ejecución de la sentencia”, pero a la vez avisan que las dos nuevas normas comportan “serias dudas sobre su validez por vicios de inconstitucionalidad”. De aquí que pida a las partes implicadas y a la Fiscalía que se pronuncien sobre la conveniencia de elevar la cuestión al TC.
Ciertamente, el litigio está lejos de acabarse. Pero de entrada estaría bien aprovechar este impás para rebajar la tensión con el objetivo de que los maestros puedan trabajar con normalidad con los chicos y chicas, porque lo peor de la situación era la interferencia en la vida escolar, que el españolismo más rancio hace años que, de manera irresponsable, quiere convertir en el escenario de una inexistente guerra de lenguas. En la sociedad catalana, como cualquier observador mínimamente objetivo puede comprobar, y como las encuestas demuestran, si hay un idioma con problemas de uso y de conocimiento es el catalán, de aquí su discriminación positiva en la enseñanza, donde siempre se ha garantizado también el conocimiento del castellano. Este es el espíritu que ha presidido la nueva normativa consensuada en el Parlament y es lo que tendrá que prevalecer en el futuro.
