En los tribunales contra la sinrazón
Es interesante, y acertada, la decisión tomada por la Obra Cultural Balear (OCB) de judicializar algunas de las medidas que el tándem PP-Vox impone a las instituciones de Baleares, con el propósito de atacar la lengua catalana y los derechos de los ciudadanos. Ya llevaron la eliminación del requisito de catalán de la sanidad pública, una medida que evidentemente vulnera los derechos de los pacientes a recibir atención sanitaria de una calidad mínima (pero también los del personal sanitario al alejarlos del aprendizaje del catalán, que evidentemente necesitan para hacer bien su trabajo). El recurso fue admitido a trámite el pasado 16 de enero por el Tribunal Constitucional.
Hace algunos días, la OCB anunció que pedirá también la suspensión cautelar del llamado plan lingüístico que prepara la conselleria de Educación, más conocido como plan Vera de segregación lingüística (dicho así por el apellido del conseller, Antoni Vera). Es el plan en virtud del cual se pretende segregar a los alumnos por lengua, según hablan castellano o catalán, en la enseñanza pública. Segregar es el término exacto, por mucho que disguste al susodicho consejero Vera oa la presidenta Marga Prohens, que prefieren más eufemismos como desdoblar. El plan aparece como una de las numerosas concesiones que el PP de Baleares ha realizado a Vox para mantenerse en el poder, pero lo cierto es que el PP las asume sin ningún problema porque también forman parte de su ideario. El plan Vera de segregación (que feo, consejero Vera: si alguien nunca lo recuerda, algo muy dudoso, lo hará asociando su apellido a un plan de destrucción de la lengua y la escuela del país) tiene presupuestados 20 millones de euros por trimestre, de cara al próximo curso. El conseller insiste en señalar que será un plan piloto al que se podrán adherir los centros voluntariamente y que, para que se aplique la segregación, será necesario que un 20% de los matriculados lo soliciten. Son palabras que quieren suavizar lo que no admite suavizaciones: si un gobierno toma ese camino, no le queda más remedio que asumir la fuerte agresión que supone contra la ciudadanía y sus derechos. Contra toda la ciudadanía, la que es catalanohablante y la que no.
El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, jurista prestigioso, ha explicado que se pide la suspensión cautelar del plan, con el propósito de que no entre en vigor el próximo curso, por estos motivos: va en contra de la autonomía de los centros, no sigue ningún criterio pedagógico y –por la forma en que se ha tramitado– no tiene carácter normativo. Judicializar los abusos de PP y Vox es razonable y oportuno; unas medidas que van contra varias leyes en vigor (empezando por el Estatut) no deben resistir el examen de los tribunales. Es un camino, además, que tiene la virtud de ir en sentido contrario al victimismo que tanto parece agradar a tanta gente, pero que, además de empalagoso, es estéril. La situación que afrontamos la resumía bien el editorial del ARA de hace unos días: el PP blanquea al fascismo. Dejamos las emociones a un lado y usamos, tan eficazmente como seamos capaces, todas las herramientas al alcance para responder a ellas.
