El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha desmentido a la presidenta de Baleares, Marga Prohens, y ha querido dejar claro que "de ninguna manera la situación de Baleares es comparable a la de Canarias", como podéis leer en la crónica de Anna Mascaró en el Ara Balears. En el tono de Clavijo –que milita en Coalición Canaria– se adivina un cierto hartazgo de la demagogia prohensiana, que constantemente compara la llegada de pateras a las costas de Baleares con las afluencias masivas en Canarias, o incluso con las de la isla italiana de Lampedusa. A Prohens le da igual: todo es munición para disparar contra el gobierno de España y contra el odiado Pedro Sánchez (un odio por encargo: en la sede de la calle Génova indican a quién hay que odiar, y con qué intensidad, y las delegaciones del PP en cada comunidad se ponen a irradiar odio de acuerdo con las instrucciones). Mientras hace victimismo y comparaciones inconsistentes, la presidenta balear sigue gobernando con la extrema derecha de Vox, parte importante del problema. Ha tenido –y seguramente todavía tiene– la opción de acordar políticas con los grupos de la oposición, los socialistas y Més per Mallorca. Pero hasta ahora ha elegido siempre a Vox como socios y, recientemente, en el balance de mediados de legislatura, lo ha confirmado. Tiene que ver con ello el hecho de que las decisiones sobre acuerdos y alianzas tampoco se toman en el Consolat de Mar, sino en Madrid.
Es muy posible que la protesta de Clavijo sea una respuesta a otra cuestión relacionada con la inmigración con la que el Partido Popular ha hecho una demagogia que es dañina para los intereses de Canarias y, también, socialmente intoxicadora: el reparto por comunidades de los menores no acompañados llegados a Canarias por las rutas de las pateras. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se niegan a acoger a los jóvenes que les corresponden; Baleares en particular rechaza acoger a las 49 personas que le corresponden alegando "falta de capacidad". El comentario se hace solo. Por otra parte, la resistencia del PP a este reparto de menores no acompañados ha llevado a tener que hacerlo mediante un decreto ley que las comunidades peperas recurren ante el Tribunal Supremo, que ahora es "su" alto tribunal de referencia. La judicialización de la política sigue siendo, por lo tanto, la línea a seguir.
El reparto de menores no acompañados también ha servido a los barones autonómicos del PP, y a Prohens en particular, para insuflar a la cuestión la inevitable dosis de catalanofobia: como Catalunya no figura en el decreto ley, lo aprovechan para decir que quieren lo mismo para sus comunidades. Olvidan interesadamente (porque saberlo lo saben) que ni Catalunya ni el País Vasco se ven obligadas por el decreto ley porque ya han llevado a cabo hasta ahora políticas y acciones de acogida que han sido líderes en España, y en cantidades meritorias. Es objetivamente desagradable ver cómo se sigue haciendo política como quien juega a un videojuego de matar a marcianos, cuando lo que está en juego son cosas como la cohesión social y la dignidad humana.
