'Aquarius' o la revolucionaria voluntad de cumplir con la ley

Coordinadora de Investigación de la Fundación porCausaCuando estos días tratamos de encontrar adjetivos para la actuación y declaraciones del ministro de interior italiano, es importante recordar algo. En octubre de 2014, el gobierno de Matteo Renzi reclamó reiteradamente a sus socios de la UE apoyo económico y político para mantener activa la operación humanitaria de búsqueda y rescate en el Mediterráneo 'Mare Nostrum'. Sin llegar a atenderla, la respuesta de la UE fue poner en marcha a través de Frontex la 'Operación Tritón', una señal inequívoca de que en la acción concertada de Europa se impone el compromiso con la protección de las fronteras a la obligación legal de salvar vidas.

Casi cuatro años después, una acción anunciada por el actual gobierno italiano durante la campaña electoral que le llevó al poder difícilmente puede desconectarse de varias tendencias generalizadas. Primero, la elusión de responsabilidad de los Estados Miembros amparados en la colectividad. Segundo, la incapacidad de las instituciones comunitarias de exigir el cumplimiento de compromisos y obligaciones a los Estados. Tercero, el calado de un mensaje antinmigración con creciente influencia en las decisiones y acciones en materia migratoria.

La decisión del gobierno español de abrir el puerto de Valencia al Aquarius se basa en la legalidad y el cumplimiento con las obligaciones humanitarias. Sorprende que sorprenda. No cabe sino alegrarse de que un recién estrenado gobierno europeo lo tenga tan claro, máxime cuando el 28 y 29 de este mes se va a celebrar un Consejo Europeo crucial para el futuro de la política migratoria europea. Tan importante como ver las sanciones, más allá de los reproches de estos días, que quepa imponer al gobierno italiano, habrá que tomar nota de cómo gestiona España la acogida de las más de 600 personas migrantes rescatadas. De momento hay varias claves sobre las que empezar a reflexionar.

La primera es el papel protagonista que las administraciones locales y autonómicas están ofreciéndose a desempeñar en la respuesta. Hace tiempo que numerosos ayuntamientos españoles (Barcelona, Madrid y Valencia a la cabeza) vienen ofreciendo opciones de acogida para solicitantes de asilo. Ha llegado el momento de poder materializar este compromiso, algo imprescindible y un poderoso argumento sobre la existencia de alternativas y oportunidades desde lo local a un modelo de gestión migratoria cruel e inoperante. Conviene también recordar que fueron los gobiernos de ciudades italianas como Palermo, Nápoles, Mesina o Regio Calabria los primeros en desafiar la orden de Salvini respecto al 'Aquarius'.

La segunda es el reconocimiento legal que se otorgará a las personas migrantes rescatadas que lleguen a Valencia. Puede hacerse evitando que el final del recorrido sea un Centro de Internamiento de Extranjeros para muchas de ellas. Para empezar porque su entrada en España ha sido autorizada por el gobierno. Además hay situaciones que tienen reconocida su protección en la legislación española, reflejo de los compromisos internacionales en la materia, como los solicitantes de asilo o los menores extranjeros no acompañados. Para las demás personas rescatadas, se invoca la posibilidad que da la ley de extranjería de expedir permisos de residencia temporales por razones humanitarias.

La tercera si este gesto prometedor será el primero de una serie de cambios en la política migratoria en España. Con él se han activado y puesto a disposición de la emergencia humanitaria las capacidades de acogida de diferentes administraciones y actores de la sociedad civil, así como las de coordinación por parte de las autoridades. Es posible hacerlo. Queda por ver si se trata de una acción puntual o si a partir del mismo argumento de legalidad se pondrá fin a las devoluciones en caliente; se quitarán las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla; se acelerarán los procedimientos de asilo y mejorarán las condiciones de acogida; se devolverá el reconocimiento al derecho a la salud de las personas migrantes en situación irregular; se garantizará la protección integral de los Menores Extranjeros No Acompañados, en particular los de Melilla y los que viven en la calles; o si se cerrarán los CIE.

Si realmente esto va más allá de un gesto, a finales de mes habrá oportunidad de elevar esta mínima exigencia de cumplimiento con la legalidad al ámbito europeo. Y de hacerlo como un recordatorio de la exigencia de un cambio de rumbo radical a la política migratoria europea. Y de que las normas internacionales de Derechos Humanos son la respuesta con la que desde mediados del siglo pasado se protege la dignidad igual y universal de todas las personas contra la barbarie deshumanizadora xenófoba y racista.