La teoría tiene un nombre y lo sabe todo el mundo: igualdad ante la ley. Y esto incluye a expresidentes del gobierno español, cómo no. Cuando la justicia imputa a alguien que había estado en lo más alto de uno de los tres poderes del Estado, es que el sistema no se encoge y funciona. Y para imputar a un expresidente, los indicios tendrían que ser sólidos.
El problema es el uso del condicional. Todo el mundo sabe también por qué: porque junto a la presunción de inocencia, en España funciona la presunción del “quien pueda hacer algo, que lo haga”; del “¿de quién depende la Fiscalía?”; la de la sala de un alto tribunal que se controla políticamente “por la puerta de atrás”, o la de “estos son los que decían que «España nos roba»”.
Ya hacía meses que el rescate de la compañía Plus Ultra por parte del gobierno de Sánchez rondaba a Zapatero, y ahora lo han llamado a declarar. Pero, ¿cuántos casos de toda índole no han rondado a expresidentes? ¿Y resulta que el único que tendrá que declarar como investigado es Zapatero? Es imposible no pensar que podría haber vuelto a salir el 36, y no en referencia al año fatídico de la historia de España que Zapatero removió políticamente y que lo enfrentó a medio país, sino al número de la ruleta que decía Núñez para explicar por qué no creía en casualidades arbitrales.
El Procés puso de moda la expresión lawfare y, después de los indultos y la amnistía, el independentismo advirtió mil veces a los socialistas que los siguientes serían ellos, sobre todo los más próximos a Sánchez. Solo hay que repasar la lista. Con estos antecedentes, ya nadie puede estar seguro de que la justicia sigue llevando la venda en los ojos.
