Política 04/01/2022

Los 209 proyectos que el Govern se autoexige iniciar este 2022

En el primero medio año tiene que iniciar la tramitación de la ley electoral y acelerar la ley audiovisual

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Puigneró, Aragonés y Vilagrà dirigiéndose este martes a la reunión del consejo ejecutivo.

BarcelonaHace pocos meses que el ejecutivo de Pere Aragonès tomó posesión como nuevo gobierno de la Generalitat bajo la bandera de la “transformación verde, feminista, social y democrática”. Pero más allá de las palabras, un gobierno se evalúa por los hechos concretos: por sus políticas, con las que tiene mucho que ver el presupuesto –aprobado recientemente con los comuns–, y el impulso de nuevas iniciativas. En este sentido, una parte fundamental de la obra del nuevo Govern se concreta en su plan normativo, es decir, las leyes, los decretos y los reglamentos que prevé impulsar y en los que se puede plasmar hasta qué punto los eslóganes políticos se traducen en la realidad. El consejo ejecutivo actual dio luz verde a su plan en octubre, que complementa el plan de Govern presentado en septiembre, de forma que al comenzar este año 2022 el Govern se ha autoasignado unos deberes que tiene que cumplir a lo largo de los próximos doce meses y que tienen que seguir hasta junio de 2023 –que es hasta donde llega la hoja de ruta aprobada hoy por hoy–. Las iniciativas que incluye el plan son muy diversas: hay 209 proyectos normativos que se tendrían que empezar a tramitar, a pesar de que no hay un compromiso de terminarlos durante el año. Una cifra en todo caso alta teniendo en cuenta que, a pesar de que no todo son iniciativas legislativas –hay reglamentos y decretos–, durante el mandato de Quim Torra el Govern apenas aprobó doce leyes. De hecho, algunos de los proyectos se arrastran desde hace años.

Durante el primer semestre de 2022, el consejo ejecutivo se ha autoimpuesto presentar dos proyectos –es decir, iniciar la consulta pública– que en sí mismos ya son polémicos: por un lado, un anteproyecto de ley electoral catalana –que no se ha conseguido aprobar nunca– por parte del departamento de Exteriores y que tendría que iniciar su tramitación, al menos en cuanto a la consulta interdepartamental con todas las conselleries que se tiene que hacer de la iniciativa. A pesar de que el pacto es que se impulse desde el Govern, concretamente desde una conselleria de Junts, Esquerra prefería hacerlo desde el Parlament con una ponencia conjunta que de momento no se ha activado.

La otra iniciativa que el ejecutivo también se compromete a reimpulsar para este primero medio año del 2022 es la de la nueva ley audiovisual catalana por parte de la conselleria de Presidencia. Una norma que, como quería ERC, se acabará tramitando posteriormente a la estatal, que los republicanos han consensuado con el PSOE con la promesa de proteger el catalán. En los últimos meses del 2021 se inició la consulta pública y se espera que haya nuevos pasos en el primer semestre de este año.

Dos medidas más que el Govern quiere acelerar –también forman parte del compromiso con los comuns a raíz de la aprobación de los presupuestos– son el desarrollo de los impuestos climáticos: en el primer semestre se tiene que tramitar el impuesto sobre las emisiones portuarias de grandes barcos y el de las actividades que generan gases de efecto invernadero.

Una reunión del consejo ejecutivo del Govern.

Cambios en la administración

Estos solo son algunos ejemplos de las doscientas medidas que tiene que aprobar el consejo ejecutivo. Según el plan, hay varias iniciativas de reforma de la administración en marcha, como la simplificación del procedimiento para aprobar nuevas leyes –previsto para el primer semestre–, así como una ley de ordenación del sistema de dirección pública del sector institucional y otra de regulación de la ocupación pública catalana, promovidas por Presidencia. Por parte de Economía se tendría que fomentar un nuevo estatuto de la empresa pública catalana y una nueva ley de contratos del sector público de Catalunya, además de cumplir el objetivo de unificar todas las normas relativas a las finanzas públicas para compilarlas en un único código.

Estas reformas pueden ser de gran importancia para la administración, sobre todo la de la selección de los directivos públicos, que tiene como objetivo, según el propio Govern, que se sigan "criterios de mérito, capacidad e idoneidad” –puesto que actualmente prima la confianza política–. También se suma la voluntad de Exteriores de actualizar la ley de transparencia y de hacer una nueva norma sobre el registro de los grupos de interés para “aclarar” conceptos que ahora generan dudas –como si tienen que formar parte o no patronales y sindicatos–. El ejecutivo también se ha comprometido a volver a impulsar la ley de cámaras, que cayó la pasada legislatura, así como la ley de gobiernos locales, pendiente desde hace años.

En otro orden de cosas, se prevén varias modificaciones de la ley de Policía –con afectación a los Mossos d'Esquadra y policías locales–, además del sistema de emergencias y de los agentes rurales; varias actualizaciones del Código Civil de Catalunya, como la de incorporar una nueva regulación para los arrendamientos –incluyendo la vivienda–; una ley de acceso a la cultura para desplegar su consideración de “bien esencial”; nuevos currículums escolares; el despliegue de la Agencia de Salud Pública de Catalunya (aprobar los estatutos), y la Agencia Espacial de Catalunya, además de la ley de antirracismo y la del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género.

Estos son algunos de los deberes que se ha impuesto el Govern para los próximos meses. Dentro de medio año habrá que comprobar si los ha hecho.

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