Acuerdo para la ley de amnistía: se mantiene el terrorismo según el derecho europeo

El PSOE, Junts y Esquerra suprimen la referencia al Código Penal español

Pedro Sánchez y Míriam Nogueras en una reunión del pasado octubre.

Barcelona / MadridTras semanas de conversaciones e intercambio de papeles, existe un nuevo acuerdo sobre la ley de amnistía. Finalmente Junts, PSOE y ERC han llegado a un entendimiento para reformular el articulado de la medida de olvido judicial. El objetivo, según explicaron en un comunicado, es "reforzar" la ley, que "cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista y que es plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea y los mejores estándares europeos e internacionales ". Sin embargo, los grupos no especifican el contenido del acuerdo, que se traducirá en una enmienda conjunta de los tres partidos: la letra pequeña del nuevo texto se dará a conocer mañana jueves, cuando está convocada, a las 11, la comisión de Justícia .

Ahora bien, según fuentes conocedoras consultadas por el ARA, el acuerdo incluye una reformulación de la excepción del terrorismo. No se retira –como quería Junts– pero tampoco se mantiene intacta como pedía el PSOE: hay cambios en el redactado. Si hasta ahora se citaba el delito de terrorismo en el capítulo que habla de lo que queda excluido de la amnistía y se afirmaba que debía corresponder a lo que dice el Código Penal español, a la directiva europea y al Convenio Europeo de Derechos Humanos, ahora se quita la palabra "delito" y la referencia al Código Penal español.

Los de Puigdemont argumentaban hasta ahora que con el redactado de la ley quedaban causas fuera de su alcance, como las de Tsunami Democrático, Volhov o los CDR. Una interpretación que no compartía el PSOE –como ha dicho Pedro Sánchez– ni tampoco Esquerra. En este sentido, a la espera de conocer la totalidad del pacto, también se modifica otro escollo que había hasta ahora: Junts pedía retirar del capítulo de las exclusiones de la ley el delito de traición, que se cierne sobre el caso Volhov y ahora también sobre Tsunami, ya que esta semana el juez Manuel García-Castellón ha empezado también a indagar sobre la trama rusa. El PSOE no ha aceptado suprimirlo de las exclusiones, pero se repite una fórmula similar con el terrorismo: aunque se mantienen las referencias en el Código Penal se añaden referencias al derecho internacional para que sólo queden excluidos de la amnistía aquellos que han utilizado la fuerza contra la integridad territorial de España o hayan sido una amenaza real.

Multas y torturas

Según otras fuentes consultadas, la negociación también habría versado en cómo encajar las recomendaciones del informe de la Comisión de Venecia en la norma. Entre otras recomendaciones, pedía que hubiera una "coherencia" en la "determinación" de los actos amparados en la amnistía, que deben estar "intrínsecamente relacionados para evitar la arbitrariedad" de quien se puede amparar, sobre todo en los que hacen referencia a la malversación o corrupción. Esto implica reformar el artículo primero de la ley, en el que se define el alcance de la amnistía y también el período temporal, que la Comisión de Venecia apuntaba a que debía definirse mejor –ahora era del 1 de enero de 2012 hasta el 23 de noviembre de 2023–. Según fuentes conocedoras de la negociación se han asumido las directrices y también se cambia el período de alcance de la amnistía: ahora comienza el 1 de noviembre del 2011 para que ampare a más personas en la causa de Exteriores de la Generalitat.

Otro cambio que se ha introducido hace referencia a las multas impuestas a los ciudadanos en aplicación de la ley mordaza durante el Proceso. Ésta era una petición de Òmnium que ERC hizo suya y que finalmente ha sido aceptada por el PSOE. Sin embargo, los socialistas se han mantenido firmes en la negativa a aceptar que se tuvieran que devolver las multas por la sentencia del 9-N. Los republicanos han forzado también cambios en un aspecto, el de la exclusión de las torturas, para intentar que no todos los policías investigados sean amnistiados, siguiendo las indicaciones de las defensas de las víctimas. Todos estos cambios vienen acompañados también de retoques en el preámbulo, en el que se justifican políticamente.

Desencallar la legislatura

Así, los socios de investidura superan el escollo que había impedido sacar adelante la norma el pasado 30 de enero –Juntos se opuso al considerar que dejaba fuera encausados ​​como al expresidente Carles Puigdemont– y dará un paso más en la tramitación para debatirse en el pleno de la próxima semana u otra. Esto significa que pronto podrá seguir su curso en el Senado, donde se prevé que se discuta durante dos meses después de la reforma que impulsó el PP para retrasar su aprobación.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tildado el acuerdo de "necesario". "Lo celebro enormemente, muy en especial por todos los que hoy se sienten algo más aliviados –ha dicho la cabeza del ejecutivo a X–. Queda camino, y no será fácil, pero hoy estamos más cerca de dejar atrás la represión".

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha congratulado por el acuerdo porque cumple con el objetivo de la "concordia y la convivencia entre catalanes y entre éstos y el resto de españoles "y porque su aprobación permitirá ahora que el ejecutivo se pueda dedicar a "gobernar con tranquilidad y dedicándose a la gente". En efecto, el acuerdo permite ahora desatascar la legislatura, abordar la negociación de los presupuestos y es la antesala de la gran batalla jurídica y judicial que se abrirá cuando la norma se apruebe definitivamente en mayo y entre en vigor.

De entrada, se da por hecho que en los casos más importantes, como el que afecta a Carles Puigdemont, habrá que esperar más porque el Tribunal Supremo, que ha asumido la causa por terrorismo, presentará una prejudicial en Europa que paralizará aplicación de la amnistía un mínimo de 10 meses. En los casos de personas más anónimas, dependerá de cada juez. El PP, como era previsible, ha reaccionado de forma furibunda al anuncio del acuerdo afirmando que "España le pide perdón al independentismo por orden de Pedro Sánchez". "No aceptamos esa humillación", dijeron fuentes del partido. Este sábado existe una nueva manifestación convocada en Madrid contra la amnistía.

Indicios de buena sintonía

A primera hora de la mañana ya hubo indicios de que el acuerdo estaba encauzado. Primero, las palabras de Sánchez en el sentido de que habría cambios en la ley y, después, las del senador Josep Lluís Cleries, que ha lanzado desde el Senado un mensaje claro al PP. "Se acabó el brécol. Vamos por la amnistía, por la libertad y para que haya unos presupuestos sociales al servicio de las personas", dijo.

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