Tribunales

¿Por qué ahora España no puede juzgar a Netanyahu y antes del 2014 sí?

Una reforma de Rajoy impide que España persiga crímenes cometidos fuera del Estado por personas de otras nacionalidades

La fachada de la Audiencia Nacional, en Madrid
18/09/2025
3 min

MadridLa Fiscalía española investigará los "crímenes" de Israel en Gaza, según ha anunciado este jueves. Ahora bien, este titular no quiere decir que España perseguirá directamente a estos presuntos crímenes sino que se limitará a recoger indicios para entregarlos a los tribunales internacionales que ya tienen procesos abiertos contra el estado hebreo. La justicia española, con la legislación vigente, no tiene capacidad para perseguir los delitos de genocidio o de lesa humanidad cometidos en otros países por personas que no estén vinculadas con España, como sería el caso de Benjamin Netanyahu. Es decir, en el Estado no se aplica el principio de jurisdicción universal, que significa que cualquier tribunal nacional puede perseguir a los autores de este tipo de delitos contra los derechos humanos –tengan la nacionalidad que tengan y aunque hayan perpetrado los crímenes fuera del país que se hace cargo de la investigación– para evitar la impunidad y la desprotección de las víctimas.

Esto no ha sido siempre así, sino que es un principio que se ha recortado. Mientras que desde 1985 hasta 2009 el estado español fue líder en la aplicación de la jurisdicción universal –que permitía a los jueces españoles investigar crímenes cometidos en otros países, como fue el caso de investigaciones contra el dictador chileno Augusto Pinochet en la Audiencia Nacional por la represión ejercida contra disidente por el genocidio en Tíbet–, varios cambios legales le han convertido en inaplicable. La primera, de 2009, fue una limitación introducida por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero a la que siguió una reforma legal del popular Mariano Rajoy, en 2014, que dejó tocada de muerte definitivamente la aplicación de la jurisdicción universal en España. La iniciativa del PP supuso el archivo de investigaciones que estaban en marcha en la Audiencia Nacional, como la de la muerte del periodista de Telecinco José Couso durante la guerra de Irak a manos del ejército estadounidense o la del genocidio de Ruanda, porque se aplicó con carácter retroactivo.

La decisión de Rajoy generó la crítica tanto de miembros del poder judicial como de la oposición –el PSOE la recurrió sin éxito al Tribunal Constitucional pese a haber abierto el camino unos años antes–, así como de organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI). En un informe emitido en 2014 por AI, la asociación denunciaba que la modificación legislativa del PP era "contraria tanto al derecho internacional como a la propia Constitución española" debido a que el primero establece la obligación de perseguir este tipo de crímenes sin limitación territorial o de nacionalidad y que la carta magna reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional descartó en el 2018 que la norma de Rajoy fuera inconstitucional.

Sumar plantea revertirlo

Hace más de diez años de esta reforma y aunque el PSOE gobierna con formaciones progresistas desde hace siete años, no se ha revertido esta situación. En la última década se han realizado varios intentos en el Congreso y, de hecho, existe en tramitación una proposición de ley de Sumar que plantea recuperar la jurisdicción universal ampliando la posibilidad de juzgar en España a personas extranjeras que hayan cometido este tipo de crímenes fuera de territorio español. "Los delitos de genocidio que no hayan sido perseguidos eficazmente quedarán bajo la competencia de los tribunales españoles aunque no exista vínculo alguno de conexión con España", dice el texto. Si bien en febrero de 2024 la iniciativa fue admitida a trámite con los votos de los socialistas, se ha ampliado el plazo para presentar enmiendas más de 50 veces, lo que hace que todavía esté en un cajón. "Responder a estos crímenes exige desbloquear la tramitación de la ley", reclamó a X este jueves uno de sus impulsores, el diputado de Izquierda Unida Enrique Santiago, quien llamó a un "acuerdo de todos los grupos defensores de los derechos humanos para aprobarla".

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