La ANC denuncia que el objetivo prioritario del Govern no es la independencia

"No hay nada que indique que la independencia es el objetivo prioritario de la acción de gobierno; más bien al contrario; todo lo que se ve son acciones en clave autonomista, o acciones condenadas al fracaso como la mesa de diálogo, todo encarrilado a un pacto de estabilidad". De este modo tajante la ANC ha definido la acción de gobierno durante la presentación del informe de fiscalización del ejecutivo del cuarto trimestre de 2021. Como ya hizo en la valoración de los primeros 100 días de gobierno, cuando reprochó que no apostara por la ruptura a pesar de la mayoría del 52% en el Parlament, este miércoles la entidad ha criticado los escasos adelantos en la confrontación directa con el Estado para implementar el resultado del 1-O.

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A pesar de que la Assemblea ha remarcado que ha habido algunos gestos positivos, como por ejemplo que se haya habilitado el ICF para la entrada de depósitos de instituciones privadas, ha denunciado que la aprobación de los presupuestos no se haya llevado a cabo con "un frente común independentista" o que se hayan permitido las "injerencias de instituciones y entidades españolas", hecho que no hace más, a su entender, que "profundizar en la no implementación del mandato del 1-O". La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha lamentado que el ejecutivo no lleve a cabo acciones "factibles, razonables y perfectamente legales" para avanzar hacia la independencia como por ejemplo publicar cómo serían los presupuestos sin déficit fiscal, apostar por la soberanía fiscal o energética o volver a potenciar el Diplocat. “Hay ámbitos que consideramos estratégicos para preparar la ruptura, como por ejemplo la soberanía energética, y los resultados no son positivos”, ha dicho Paluzie.

En materia antirepresiva y a pesar de que la Generalitat ya se ha retirado de algunas causas contra independentistas, la Assemblea ha asegurado en su valoración que el Govern está "més lejos que en el anterior informe" de desplegar acciones en la línea del principio de seguridad pública para un estado democrático con "la persecución a activistas" y con "anuncios que no se han concretado, como el de retirarse de todas las causas judiciales" sin mencionar explícitamente los casos de Marcel Vivet y Adrian Sas, condenados recientemente a prisión con acusaciones de la Generalitat.