Gabriel niega ante Llarena la desobediencia al TC y confía que su causa se archive

MadridAnna Gabriel se ha dejado ver fuera del exilio cuatro años y medio después de irse a Ginebra. Ha sido este miércoles con motivo de la declaración ante el magistrado instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, que el 19 de julio ya le retiró la orden de detención cuando la exdiputada de la CUP se presentó por sorpresa en el Tribunal Supremo. En declaraciones a la salida, Gabriel ha explicado que el juez le ha preguntado si recibió algún requerimiento del Tribunal Constitucional (TC) en 2017 y, como no recibió ninguno –así lo ha trasladado al magistrado–, se ha mostrado confiada de que "la causa se archive o se envíe a Barcelona". Gabriel, procesada por desobediencia –un delito que no implica prisión– por haber promovido la DUI en 2017 como portavoz del grupo parlamentario de la formación anticapitalista, ha declarado durante unos diez minutos y ha rechazado responder a Vox. A la salida, visiblemente emocionada y sin aceptar preguntas, ha agradecido el apoyo a las "personas solidarias", ha denunciado que la judicialización "no se tendría que haber producido nunca" y ha dejado claro, eso sí, que "los principios continúan intactos".

Tal como ha pasado siempre que los represaliados del Procés han tenido que comparecer en el alto tribunal, partidos y entidades se han desplazado para apoyar. Oriol Junqueras ha encabezado la delegación de ERC, formada por diputados y senadores; Josep Rius y Josep Pagès la de Junts; Jaume Asens ha ido por parte de En comú Podem; Xavier Antich en representación de Òmnium Cultural; Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu de EH Bildu, y Néstor Riego del BNG. No había nadie de la ANC. Por parte de la izquierda independentista, se han desplazado hasta la capital española cerca de una veintena de militantes de las organizaciones miembro, como Endavant y Arran, además de la CUP.

Endavant quiere que vuelva del exilio

Lluc Gayà, portavoz de Endavant –donde milita Gabriel–, ha asegurado justo antes de la declaración que el exilio "no estaba teniendo recorrido para ofrecer una ruptura política para los Países Catalanes". "Ante esto, entendemos que la mejor solución es que Gabriel vuelva, y existe la posibilidad de que así sea. Por lo tanto, volver a tenerla entre nosotros porque es una persona importante para hacer avanzar el proyecto político". Una posición que contrasta con lo que ha expuesto la portavoz del secretariado nacional de la CUP, Maria Sirvent, que ha dejado claro que Gabriel continuará residiendo en Suiza por "compromiso laboral y militante". En Ginebra, fue escogida secretaria regional del sindicato Unia –el principal del país, con más de 200.000 afiliados– y es la primera mujer que ocupa este cargo. Fuentes de la CUP matizan que Gayà se refería al hecho de que ahora "puede volver cuando quiera y militar en lo que sea posible teniendo en cuenta que continuará residiendo en Ginebra". La exdiputada ha vuelto a quedar en libertad y participará el domingo en Barcelona en la conclusión de la universidad de verano de los anticapitalistas.

Gabriel se presentó voluntariamente en el juzgado el 19 de julio, después de más de cuatro años de exilio en Suiza, y el juez la dejó en libertad. Solo la obligó a designar un domicilio y a dejar un teléfono para localizarla. Su abogado, Iñigo Iruín, es el que también acompañó el regreso de la ex consellera Meritxell Serret. Iruín es el artífice del cambio de estrategia de algunos de los exiliados, que a raíz de la sentencia del juicio del Procés, que ya indicaba cuál era la responsabilidad de cada implicado en los hechos del Procés, propiciaba que los procesados con delitos menos graves pudieran volver. Este letrado, exdiputado del Parlamento vasco, tiene una larga trayectoria en la representación de militantes de la izquierda abertzale y también pilota el recurso de Carme Forcadell ante el Tribunal de Estrasburgo.

A diferencia de Serret, que también estaba investigada por malversación, Gabriel fue procesada en marzo del 2018 por desobediencia. Este delito no comporta ninguna pena de prisión, sino una multa de hasta doce meses y una pena de inhabilitación de ocupar de cargo público de hasta dos años de duración. Después de la sentencia del juicio del 1-O, y también de la de los miembros de la mesa del Parlament, se allanó el camino para el regreso de la exdiputada cupaire. Su defensa temía que pudiera haber un cambio de criterio de alguna acusación, si bien fuentes de la Fiscalía y del Supremo apuntaban que esto no pasaría. Finalmente, el julio pasado Gabriel dio el paso después de una "serie de consideraciones, reflexiones y análisis que tienen que ver tanto con el contexto político y judicial general como también con una serie de circunstancias personales".

Un camino diferente del de Mireia Boya

Ahora el procedimiento de Gabriel acabará en el juzgado que sea competente en Catalunya. Durante la fase de instrucción eligió un camino diferente al de su ex compañera de filas, Mireia Boya, que sí que se presentó en el Supremo. Sobre las dos pesaba la misma acusación: desobediencia por haber firmado las leyes de desconexión y las propuestas de resolución parlamentarias de la DUI. En el auto de procesamiento, Llarena subrayaba que la "desatención" a las resoluciones del TC tenía que servir también para quien no había recibido de manera particular la advertencia del TC. No fue el criterio que adoptó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que condenó por desobediencia a los integrantes de la mesa del Parlament –advertidos por el TC– y, en cambio, absolvió a Boya.