¿Se aprobará la amnistía a tiempo para que Puigdemont y Junqueras puedan ser candidatos a las catalanas?

Madrid / BarcelonaLas negociaciones para la amnistía entre el independentismo y el PSOE avanzan con el convencimiento de ambas partes de que, si Pedro Sánchez es investido, no tardará mucho en ser aprobada en el Congreso. Pero unos y otros también son conscientes de que el periplo para que entre en vigor podría alargarse aún semanas, meses e incluso años. El PP ya ha anunciado que impugnará la norma en cuanto vea la luz y los propios jueces podrían presentar una cuestión de inconstitucionalidad para intentar detenerla. ¿Podrían, por ejemplo, dilatar el regreso de Carles Puigdemont de Bélgica? ¿Podría presentarse Oriol Junqueras en las próximas elecciones catalanas, previstas para el primer trimestre del 2025? Tanto Junts como ERC aseguran cara afuera que no se han planteado este escenario todavía y que primero deben abordar los detalles de la ley. Ahora bien, de puertas adentro son conscientes de que la dilatación del procedimiento podría perjudicarles electoralmente.

Sin amnistía en vigor, Oriol Junqueras seguiría inhabilitado (hasta 2031) como Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull. Por tanto, su caso es claro: en caso de suspensión de la norma, mientras los jueces y el TC no resuelvan, no podrá ser candidato. El caso de Puigdemont es distinto. Contra él no pesa ninguna inhabilitación, pero sí una orden de detención en territorio español –y una amenaza con reactivar el proceso de extradición–, que podría llevarle a prisión si decidiera volver a Catalunya. Se podría presentar como ya lo hizo en el 2021, pero no podría hacer campaña desde el Principado ni podría optar a ser investido presidente –salvo que el Tribunal Constitucional (TC) cambie el criterio que impuso en el 2018 contra las investiduras a distancia.

No se conoce todavía ningún tipo de concreción de la hipotética ley de amnistía ni tampoco qué tramitación se seguirá para su aprobación. Pero el PP tiene la intención de frenar cualquier intento de aplicar la ley de amnistía y, de entrada, podría presentar un recurso de inconstitucionalidad en el TC en los tres meses siguientes a la aprobación de la ley. Lo podrían presentar también el presidente del gobierno español, el Defensor del Pueblo (dos casos improbables porque los controlarían dos personas vinculadas al PSOE) o los Parlamentos autonómicos, siempre que, en este último caso, afecte a sus intereses. Dependería del TC decidir la suspensión cautelar de la amnistía que con toda probabilidad pedirán los populares en los recursos. Sin embargo, fuentes jurídicas apuntan que es poco probable que se concedan.

La acción dilatoria

El PP, pues, lo tendría complicado para paralizar los efectos de la amnistía, pero sí podrían hacerlo sus magistrados afines. En primer lugar, exprimiendo al máximo los plazos que marque la ley. La misma ley deberá determinar el plazo en el que debe empezar a producir sus efectos. Por ejemplo, podría especificar que los tribunales tendrán que aplicarlo en los próximos seis meses. El balón pasaría en el tejado de los jueces que deban implementarlo, entre ellos el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena y el presidente del tribunal que juzgó al 1-O, Manuel Marchena. Llarena y Marchena, pues, podrían optar por guardarla en un cajón unos meses.

Ahora bien, habría una manera de alargar aún más el proceso: que un juez que tenga que aplicar la amnistía dude de su legalidad y quiera presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En este caso, debería dirigirse a las partes –las acusaciones y los investigados– para consultar su criterio y después decidir si se dirige al órgano de garantías. Este movimiento provocaría la suspensión inmediata del procedimiento y, por tanto, de la aplicación de la amnistía.

La prisa que tenga el magistrado del TC a quien por turno corresponda esta cuestión será determinante. Son los propios ponentes quienes proponen llevar a pleno sus expedientes en función de si los tienen o no listos, apuntan fuentes del alto tribunal. La admisión a trámite podría ser más o menos rápida, pero la sentencia final en la que el TC determine si la ley de amnistía es constitucional o no podría alargarse tanto como quiera el magistrado. Por tanto, hay margen para que la amnistía tenga efectos antes de las próximas elecciones catalanas y se puede maniobrar para que no se llegue a tiempo. Como en otras muchas ocasiones durante el Proceso, la decisión dependerá de los jueces.