La Audiencia Nacional aplica finalmente la amnistía a los doce CDR de la operación Judas

MadridLa lista de personas pendientes de la amnistía continúa reduciéndose con cuentagotas. El último tribunal en dar el paso ha sido la Audiencia Nacional, que llevaba tres meses arrastrando los pies para no aplicar la ley a los doce CDR de la operación Judas acusados de terrorismo. Después de la aprobación de la norma, el tribunal intentó esquivarla preguntando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si amnistiar a los CDR contravenía el derecho europeo. Fue una manera de boicotear y retrasar la aplicación de la amnistía. La sentencia de Luxemburgo, que tardó dos años en llegar, se emitió finalmente en julio avalando por completo la ley. Desde entonces, la Audiencia Nacional tenía vía libre para mover ficha, pero ha necesitado tres meses más para hacer efectivo el olvido judicial. Finalmente, 28 meses después de que la ley entrara en vigor, ha enterrado la causa: “Se debe entender que deben incluirse [en la amnistía] los hechos que son objeto de este procedimiento”, concluye el auto, de cuatro páginas.

La resolución alude a la redacción literal de la amnistía, que incluye dentro del perímetro de la ley los casos investigados por terrorismo que no supongan “graves violaciones de los derechos humanos” de “manera intencionada”. También se remite a la sentencia del TJUE, que estableció que esto no compromete ni la seguridad jurídica, ni la igualdad de trato, ni la no discriminación. Fue en noviembre de 2023, coincidiendo con las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, cuando la Audiencia Nacional envió a los CDR al banquillo de los acusados, un juicio que no llegó a celebrarse nunca. Fueron detenidos el 23 de septiembre de 2019 porque supuestamente preparaban acciones violentas coincidiendo con el aniversario del 1-O y la inminente publicación de la sentencia del Procés.

Los acusados se exponían a elevadas penas de prisión. Las acusaciones populares –encabezadas por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) e integradas también por Vox, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Asociación Dignidad y Justicia y dos asociaciones de la Guardia Civil– pidieron hasta 33 años de prisión para ocho de ellos por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos. La Fiscalía, que sostenía que conformaron una “organización terrorista paralela, clandestina y estable” en los bautizados como Equipos de Respuesta Táctica, reclamaba en un primer momento hasta 27 años de prisión. Ahora bien, a raíz de la entrada en vigor de la amnistía fue partidaria de archivar la causa.

“La victoria es de todas las que habéis luchado y seguís firmes en el combate”, ha reivindicado poco después Alerta Solidaria, que defendía a los doce CDR. Por la tarde, los amnistiados han celebrado la noticia en Can Capablanca, el centro independentista y popular de Sabadell. “Nos han desestructurado la vida y no lo podemos olvidar. Estamos liberados y a la vez enfadados”, ha reconocido visiblemente emocionado Edu Garzón, uno de ellos. Uno de los abogados de Alerta Solidaria, Jordi Busquets, ha denunciado que el periplo ha sido demasiado “largo y doloroso” para los activistas: “Les ha quitado una parte de la vida de manera totalmente gratuita”.

Por su parte, en las redes sociales, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha lamentado que la amnistía llega después de un “sufrimiento injusto”, de un “linchamiento mediático obsceno” y de una “vulneración flagrante de derechos fundamentales”. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha expresado en la misma dirección: “La justicia se abre paso, pero nada borrará el sufrimiento vivido”, ha escrito.

El camino no acaba aquí

A pesar de esto, la justicia española todavía no ha dicho la última palabra. Según ha podido saber el ARA, las acusaciones populares presentarán un recurso de apelación a la misma Audiencia Nacional contra esta decisión. Tienen diez días para hacerlo y después todavía podrían ir al Tribunal Supremo para revertir la amnistía. En el último escrito que presentaron para impedirlo, al que también tuvo acceso este diario, acusaban al TJUE de haber dictado la sentencia por “motivos de conveniencia política” tras las “presiones” de España y esgrimían que hablar de “graves violaciones de derechos humanos” está “implícito” en los casos de terrorismo: “¿Resulta jurídicamente admisible que se amnistíe cuando se ha pretendido atentar en nombre de una ideología política?”, se preguntaban.

Un redactado delicado

El camino hasta llegar a la amnistía ha sido muy tortuoso. La inclusión del terrorismo fue uno de los grandes escollos de la negociación y la tramitación de la ley de amnistía. El último redactado eliminó la referencia al Código Penal español y se remitió directamente a la directiva europea relativa a la lucha contra el terrorismo. Previamente, en la primera versión del texto que Junts frenó, se había introducido que solo quedaría fuera el terrorismo que, de “manera intencionada”, hubiera causado “graves violaciones de los derechos humanos” y, particularmente, las que aparecen en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

Los cambios de versiones también estaban condicionados por el avance del caso Tsunami Democrático, en el que Manuel García-Castellón investigaba a Marta Rovira y el Supremo imputó a Carles Puigdemont y a Ruben Wagensberg. Aquella causa acabó descarrilando por un error del juez a la hora de prorrogar la instrucción.