El bloque antiinmersión denuncia a Cambray y reclama al TSJC la ejecución del 25%

BarcelonaOfensiva de la triple derecha contra el Govern para que se aplique el 25% de clases en castellano en las aulas. Después de que la Generalitat haya contestado a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) con un decreto ley que rechaza los porcentajes en la enseñanza y constata la "imposibilidad legal" de aplicar la resolución judicial de acuerdo con el nuevo marco legal, Ciudadanos ha respondido este miércoles llevando al conseller de Educación, Josep González-Cambray, a la Fiscalía. A su parecer, el ejecutivo catalán está protagonizando una "desobediencia en directo" de la sentencia del 25% y está "prevaricando". "Se están violando los derechos de los catalanes, el conseller está actuando de perdonavidas con las familias y los directores de escuela", ha dicho la líder estatal, Inés Arrimadas, que ha querido aparecer en la fotografía ante la sede de la Fiscalía de Catalunya en Barcelona después de presentar el escrito. También han denunciado a Cambray Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana y esta tarde la Asamblea por una Escuela Bilingüe reclamará al TSJC que ejecute la sentencia del 25%.

A diferencia de lo que considera la Generalitat –que dice que con el nuevo marco legal la sentencia es inválida–, Ciudadanos cree que no se puede esquivar la resolución judicial y que la actuación del gobierno catalán puede constituir un delito. Después de poner en conocimiento de los hechos el ministerio público, el jefe de filas de Ciudadanos en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha apuntado a una desobediencia o una "prevaricación continuada" de Cambray y del resto de cargos que hayan podido participar. Según Carrizosa, la actuación de Cambray es una "práctica mafiosa" porque quiere obligar a los padres a pedir de manera individual más clases en castellano para después "señalarlos".

Por otro lado, también ha anunciado que Ciudadanos y el PP, a escala estatal, llevarán el decreto ley que el consejo ejecutivo aprobó el lunes sobre el catalán al Tribunal Constitucional –se necesitan cincuenta diputados o senadores– y también pedirán un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (hacen falta dos grupos parlamentarios). Según Carrizosa, el órgano consultivo tendrá "problemas" a la hora de validar la diferencia que hace el Govern entre lengua "vehicular" –en alusión al catalán– y lengua "curricular" –en referencia al castellano–, porque el Tribunal Constitucional (TC) las ha situado al mismo nivel en la sentencia que hizo sobre el Estatut d'Autonomia de Catalunya en 2010. A su parecer, el 25% de castellano "deriva" de la Constitución –según el escrito que han presentado ante la Fiscalía–, a pesar de que el TC en su momento no estableció porcentajes, sino que lo hicieron el TSJC y el Tribunal Supremo en la interpretación que han hecho de esta doctrina constitucional.

En todo caso, esta solicitud de dictamen no interrumpirá la aplicación del decreto ley sobre el catalán, que además de rechazar los porcentajes, también sitúa la responsabilidad de validar los proyectos lingüísticos en el departamento de Educación. El Govern, precisamente, ha utilizado la figura del decreto ley porque entra en vigor de manera inmediata –después tiene que ser convalidado en el plazo de un mes enl Parlament– y, a la vez, solo puede ser impugnado en el Tribunal Constitucional –el TSJC no se puede pronunciar sobre su legalidad.

No ha pasado lo mismo con la proposición de ley sobre el catalán que pactaron los socialistas, Junts, Esquerra y los comuns, donde se regula también el uso de las lenguas oficiales –se habla de la lengua vehicular y curricular del catalán y el castellano–, pero no se rechazan de manera explícita los porcentajes. En este caso, la solicitud de dictamen por parte de Vox, Cs y el PP ha parado la tramitación en el Parlament y hasta que no se pronuncie el Consejo de Garantías no podrá ser aprobada en el pleno. De hecho, a raíz de este retraso, el Govern tuvo que hacer el lunes de manera urgente un consejo extraordinario para aprobar un decreto ley.

Respuesta de la Generalitat

Ayer, que se acababa el plazo para aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la Generalitat remitió un escrito al TSJC pidiendo que declare la "imposibilidad legal" de ejecutar la sentencia del 25% después de la aprobación del decreto ley sobre el catalán. Su argumento es que hay un "nuevo marco legal" que es "incompatible" con la resolución judicial. En todo caso, el conseller de Educación niega que esté desobedeciendo con la actuación del Govern: "Estamos legislando", aseguró ayer. Esta mañana ha añadido que los tribunales están "obligados" a velar porque se cumpla el nuevo marco legal, que tiene que servir "para que no se apliquen porcentajes en ninguna aula del país". Él –ha dicho– se debe "a loss alumnos y a las familias y no a los tribunales".

Por otro lado, Cambray también envió "instrucciones" a los centros educativos: un cuestionario de siete preguntas que los directores tendrán que responder antes del 30 de junio sobre los proyectos lingüísticos y con el que representa que si se responde a todo que sí el uso de las lenguas se mantendrá como ahora.

La Generalitat ha movido ficha y los detractores de la inmersión lingüística en catalán también. Ahora solo queda saber qué piensa sobre todo ello el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.