El CGPJ propone sancionar al juez Peinado por desconfiar de los escoltas de Begoña Gómez
El poder judicial concluye que incurrió en una falta leve de desconsideración
MadridLos progresistas se han impuesto a los conservadores en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, gracias al voto de calidad de la presidenta Isabel Perelló, han propuesto sancionar al juez Juan Carlos Peinado por una falta leve de desconsideración por haber insinuado que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a huir. Las diligencias informativas se abrieron hace un mes y ya en aquel primer momento el CGPJ quedó dividido porque los vocales conservadores alegaron que revisar las palabras del juez sobre las medidas cautelares no era competencia del CGPJ. Al principio, había sobre la mesa una posible falta grave, pero finalmente se ha reducido a leve. Este enroque de posiciones, que frenó el primer intento de llegar a un acuerdo, se ha mantenido hasta el final, pero el voto de calidad de Perelló –igual que en la votación inicial– ha deshecho el empate. La última palabra la tendrá el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ahora deberá decidir si sanciona al juez o no: le puede hacer una advertencia, imponerle una multa de hasta 500 euros o aplicarle ambos castigos.
"Estos agentes, en un momento determinado, pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, colaborar en la acción o acciones para facilitar esta fuga", dijo Juan Carlos Peinado en la interlocutoria que enviaba Begoña Gómez a juicio. Posteriormente, pidió disculpas por las expresiones, pero mantuvo las sospechas. La Audiencia de Madrid revocó la retirada del pasaporte de la mujer de Pedro Sánchez y amonestó al juez por una "redacción poco afortunada". Ahora, fuentes jurídicas conocedoras de la decisión relatan a el ARA que la mayoría de la Comisión Permanente del CGPJ ha considerado que las manifestaciones de Peinado excedían lo necesario para fundamentar jurídicamente la resolución y suponían una desconsideración objetiva hacia la Policía Nacional.
El promotor de la acción disciplinaria –que es quien se encarga de la investigación interna– apostó por archivar la queja y exculpar al juez Peinado, pero la mayoría de la comisión permanente le ha acabado enmendando la plana. Ahora bien, los cuatro vocales conservadores se han desmarcado y también abogaban por dar carpetazo al caso: "Esta decisión es estrictamente jurisdiccional y revisable por la vía ordinaria de los recursos, el juicio revisor no es competencia del CGPJ por vía disciplinaria", alegan en su voto particular, al que ha tenido acceso el ARA. Y alertan de que la intervención del CGPJ "afecta a la independencia judicial".
Por otra parte, el CGPJ ha archivado la queja que presentó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la filtración de su declaración como testigo y por el trato que recibió. El CGPJ no ha apreciado indicios de infracción disciplinaria. Esta decisión ha contado con los votos particulares de los progresistas Argelia Queralt y Bernardo Fernández, que creen que cometió una falta leve: "La reiteración de advertencias, reproches sobre la manera de responder y censuras de los gestos del testigo iba más allá de un episodio aislado de tensión dialéctica".
Una falta leve de retraso en otra causa
Así mismo, el CGPJ ha elevado al TSJ de Madrid otra queja contra Juan Carlos Peinado en el marco de otra causa. El periodista Nacho Abad presentó una denuncia por un retraso que consideraba que estaba injustificado en la resolución de una solicitud de archivo. Fuentes jurídicas apuntan a el ARA que la investigación interna ha concluido que no hay indicios de una actuación deliberada ni de una infracción grave, pero sí que ha detectado una demora –próxima a tres meses– atribuible personalmente al magistrado cuando el asunto estaba en condiciones de ser resuelto. La conclusión ha sido una falta leve de retraso.
Tres quejas más archivadas
Por otro lado, el CGPJ ha archivado tres quejas más que había contra el juez Peinado. La primera la formuló Cristina Álvarez –asesora de Begoña Gómez en la Moncloa– por la filtración de una resolución judicial que publicó OK Diario antes de que se firmara y notificara. La segunda era relativa al punto final de una investigación por presunta corrupción que afectaba a un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid después de una denuncia presentada por Más Madrid. La tercera procedía de un particular, que denunció que el juez no le permitió declarar por videoconferencia, trató con desconsideración a los abogados y acordó medidas cautelares desproporcionadas.