El CGPJ envía a los juzgados de Madrid la queja sobre Peinado por desconfiar de los escoltas de Begoña Gómez

MadridLos progresistas se han impuesto a los conservadores en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, gracias al voto de calidad de la presidenta Isabel Perelló, han propuesto sancionar al juez Juan Carlos Peinado por haber insinuado que los escoltas de Begoña Gómez la podrían ayudar a huir. Las diligencias informativas se abrieron hace un mes y ya en aquel primer momento el CGPJ quedó dividido porque los vocales conservadores alegaban que revisar la interlocutoria del juez sobre las medidas cautelares no era competencia del CGPJ. Este enroque de posiciones, que frenó el primer intento de llegar a un acuerdo, se ha mantenido hasta el desenlace, pero el voto de calidad de Perelló –igual que en la votación inicial– ha deshecho el empate. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tendrá que decidir si sanciona o no al juez: podrá hacerle una advertencia, imponerle una multa de hasta 500 euros o aplicarle ambos castigos.

Inicialmente, el promotor de la acción disciplinaria propuso archivar la queja porque consideró que solo podría entrar a analizar el caso si le era remitido por el tribunal superior que tuviera que estudiar la resolución a raíz de un recurso que se hubiera presentado en contra. Pero la Comisión Permanente ha concluido que hay precedentes que permiten sancionarle igualmente sin tener que esperar este paso previo. De hecho, recuerda el caso de un juez que fue suspendido de funciones por haber utilizado recurrentemente descalificativos contra la Generalitat de Catalunya.

"Estos agentes, en un momento determinado, pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, colaborar en la acción o acciones para facilitar esta fuga", dijo Juan Carlos Peinado en la interlocutoria que enviaba Begoña Gómez a juicio. Posteriormente, pidió disculpas por las expresiones, pero mantuvo las sospechas. La Audiencia de Madrid revocó la retirada del pasaporte de la mujer de Pedro Sánchez y amonestó al juez por una "redacción poco afortunada". Ahora, fuentes jurídicas conocedoras de la decisión relatan a el ARA que el CGPJ ha considerado que las manifestaciones de Peinado excedían lo necesario para fundamentar jurídicamente la resolución y suponían una desconsideración objetiva hacia la Policía Nacional.

Por otra parte, el CGPJ ha archivado la queja que presentó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la filtración de su declaración como testigo y por el trato que recibió. El CGPJ no ha apreciado indicios de infracción disciplinaria. Esta decisión ha contado con los votos particulares de los progresistas Argelia Queralt y Bernardo Fernández, que creen que cometió una falta leve: "La reiteración de advertencias, reproches sobre la manera de responder y censuras de los gestos del testigo excedía de un episodio aislado de tensión dialéctica".

Una falta leve de retraso en otra causa

Asimismo, el CGPJ ha elevado al TSJ de Madrid otra queja contra Juan Carlos Peinado en el marco de otra causa. El periodista Nacho Abad presentó una denuncia por un retraso injustificado –de un año y medio– en la resolución de una solicitud de archivo. Fuentes jurídicas apuntan a ARA que la investigación interna ha concluido que no hay indicios de una actuación deliberada ni de una infracción grave, pero sí que ha detectado una demora –próxima a tres meses– atribuible personalmente al magistrado cuando el asunto estaba en condiciones de ser resuelto. La conclusión ha sido una falta leve de retraso en el despacho de los asuntos.

Tres quejas más archivadas

Por otra parte, el CGPJ ha archivado tres quejas más que había contra el juez Peinado. La primera la formuló Cristina Álvarez –asesora de Begoña Gómez en la Moncloa– por la filtración de una resolución judicial publicada en OK Diario antes de ser firmada y notificada. La segunda era relativa al punto final de una investigación por presunta corrupción que afectaba a un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid después de una denuncia presentada por Más Madrid. La tercera procedía de una particular, que denunció que el juez no le permitió declarar por videoconferencia, trató con desconsideración a los abogados y acordó medidas cautelares desproporcionadas.