Choque entre los 'comuns' y ERC por el espionaje en Barcelona

BarcelonaEn los últimos años las relaciones entre ERC y los comuns se han caracterizado por sus altibajos, a pesar de que, haciendo balance, ha habido destacados momentos de entendimiento. Los dos más importantes, los pactos para los presupuestos del 2020 y del 2022. Ahora las relaciones se han vuelto a enrarecer a raíz del espionaje político, sobre todo desde que este fin de semana La Vanguardia publicara que el CNI espió las negociaciones para la alcaldía de Barcelona. La alcaldesa y líder de los comuns, Ada Colau, ha exigido una "rectificación sincera" a Maragall por haberla acusado de "complicidad" con el CNI. Maragall niega haberlo hecho, pero sí que ha asegurado que la alcaldesa fue "beneficiaria indirecta" del espionaje. El conflicto está servido.

El inicio de la polémica se tiene que situar este domingo. Maragall hizo numerosas declaraciones sobre el tema y en una consideró que el papel del CNI había sido clave para que Colau mantuviera la alcaldía después de las últimas elecciones con los votos de Manuel Valls y en detrimento de su candidatura. "Para mantener el poder todo vale, incluso la ayuda del CNI", dijo. Este lunes Maragall ha matizado sus palabras y ha asegurado que no ha hecho nunca este vínculo entre Colau y los servicios de inteligencia: "No lo he dicho nunca ni lo pienso". Sí que ha mantenido que el papel del CNI fue clave para que él no fuera alcalde. Por lo tanto, su conclusión es que el PSC fue "beneficiario directo" y los comuns "indirectos", puesto que los dos partidos acabaron gobernando juntos con los votos de Valls.

Los comuns y el PSC han salido en tromba a criticar a Maragall, hasta el punto que el enfrentamiento ha dejado en un segundo término el conflicto sobre el espionaje en sí mismo. Colau ha dicho que las palabras del líder republicano eran una "barbaridad" y ha asegurado que le dolía que vinieran de un "representante de un partido de izquierdas y compañero en el Ayuntamiento". Incluso el ministro de Universidades, Joan Subirats, ha hablado de la cuestión: ha dicho que encuentra "insólitas" las declaraciones de Maragall y ha pedido "tranquilidad". También el PSC ha pedido expresamente que el president Aragonès, como coordinador nacional de ERC, desautorice a Maragall y lo "haga rectificar". "No se pueden hacer acusaciones sin fundamento", ha dicho la viceprimera secretaria del partido, Lluïsa Moret, informa Marc Toro.

Aun es temprano para saber qué impacto tendrá este asunto en las relaciones futuras entre ERC y los comuns. Los dos partidos están intentando tejer un acuerdo para el catalán en el Parlament, pero hasta ahora han demostrado poder separar las dos cosas y no han dejado que el Catalangate interfiriera. Otro gran pacto que podrían abordar sería un acuerdo de presupuestos para el 2023 –tanto en la Generalitat como el Ayuntamiento– pero esta ya era una opción bastante remota antes del conflicto con el espionaje. El 2023 es año electoral –habrá elecciones municipales y, previsiblemente, generales– y ni los comuns tienen incentivos para volver a hacerse una foto con el presidente Aragonès ni los republicanos con la alcaldesa Ada Colau.

Pleno extraordinario

Más allá de las declaraciones, el primer movimiento de fondo lo ha hecho Junts, que ha propuesto celebrar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento para abordar los hechos. Más tarde, en rueda de prensa, el portavoz del partido, Josep Rius, ha exigido explicaciones a Colau y ha dicho que este caso la deja "con mal pie". "Llegó por primera vez a la alcaldía beneficiándose de una guerra sucia contra Xavier Trias; ahora está la sospecha de que consiguió un segundo mandato gracias a una operación de estado", ha dicho, informa Anna Mascaró. Para forzar este pleno extraordinario se necesitan 11 regidores y, por lo tanto, los regidores de ERC son esenciales, pero Maragall de momento no ha explicado qué harán. Cree que "hay motivos" para sacar adelante el pleno, pero ha recordado que ya se hizo uno sobre el espionaje hace pocos días, a pesar de que entonces no se sabía que afectaba al Ayuntamiento.

"Crisis de democracia"

Y más allá del caso concreto de Barcelona, quien ha hablado del Catalangate ha sido Ron Deibert, el director de Citizen Lab, el organismo que detectó y denunciar la infección con Pegasus en móviles de más de una sesentena de independentistas. En declaraciones al diario The Guardian, ha dicho que el caso ha causado una "crisis de democracia" en España, y que la destitución de la jefa de los servicios secretos, Paz Esteban, no resuelve los interrogantes clave sobre la polémica, como por ejemplo "quién compró el programa espía, quién lo autorizó y quien justificó perseguir a personas que claramente no son objetivos legítimos según ningún estándar internacional razonable". Deibert asegura que si la intención del gobierno español es "esperar a que el problema desaparezca", no le parece "adecuado".