'Comuns' e independentistas condenan el Catalangate en Barcelona
El PSC vota en contra del texto pactado en el Ayuntamiento para no sumarse a una "campaña de ataque" contra el gobierno español
BarcelonaEl Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado este viernes un pleno extraordinario para condenar el Catalangate. La sesión, que se ha convocado a petición de ERC y de los comuns, ha aprobado un texto que rechaza el espionaje político al independentismo y que exige al gobierno del Estado que investigue los hechos y asuma las responsabilidades resultantes. La proposición ha quedado aprobada también con los votos de JxCat, que se había desmarcado de la convocatoria del pleno porque proponía un texto alternativo –que no se ha aprobado– para ir más allá de la "declaración política": quería que el Ayuntamiento diera pasos como presentar una denuncia en nombre de los dos regidores que se sabe que han sido espiados (Ernest Maragall y Elsa Artadi).
El PSC, a pesar de dejar clara la condena a "cualquier forma de espionaje político", ha votado en contra de la proposición para no sumarse a una "campaña de ataque" contra el gobierno español, como ha apuntado la teniente de alcaldía Laia Bonet, y para mantener la coherencia con lo que los socialistas ya votaron en el Parlament: "Si lo que quieren es una campaña de ataque contra el gobierno español, no nos encontrarán". El PSC ha defendido que los hechos se investigarán en el marco de la comisión de secretos oficiales y que es "a partir de aquí que habrá que tomar decisiones".
El republicano Ernest Maragall, que es uno de los espiados, ha asegurado que el Catalangate plantea un debate entre "democracia y autoritarismo" y ha pedido a los socialistas que "no ofrezcan una alfombra bajo la cual esconder las vergüenzas", que es lo que entiende que se hace con la comisión de secretos oficiales. Maragall ha apuntado que los teléfonos de los afectados ya estaban intervenidos en la primavera del 2019, cuando se celebraron las elecciones municipales, y que, por lo tanto, no se sabe "si fueron unas elecciones intervenidas".
"Soy independentista, no soy terrorista y, a pesar de esto, he sido víctima de Pegasus", ha espetado la presidenta del grupo de JxCat, Elsa Artadi, que ha acusado al jefe de filas del PSC en la ciudad, Jaume Collboni, y al conjunto del partido socialista de ser corresponsables de la vulneración de derechos si no hacen todo lo posible por investigar y depurar responsabilidades. Artadi también ha atacado a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, a quien ha reprochado que no haya contactado ni con ella ni con Maragall para saber cómo les podía ayudar.
En nombre de los comuns, el teniente de alcaldía Jordi Martí ha pedido transparencia y asunción de responsabilidades y ha reprochado a los republicanos la decisión de votar en contra del decreto del presidente español Pedro Sánchez para paliar el impacto económico de la guerra en Ucrania. Les ha pedido que no abandonen el camino de "la política en mayúsculas". Martí, de hecho, ha acusado a la jefa de filas de Junts, Elsa Artadi, de querer dibujar una "sociedad de buenos y malos" y de intentar presionar a los comuns para hacerles cruzar esta línea, y ha instado a ERC a "no caer" en el mismo juego.
Ideas o acciones
El resto de formaciones han votado en bloque contra el texto de condena. Ciutadans ha lamentado que no hayan prosperado convocatorias de plenos extraordinarios por temas de ciudad como la suciedad y la seguridad y que, en cambio, sí que se lleve este debate al Ayuntamiento. Josep Bou, del PP, también ha manifestado su desacuerdo con el hecho de que se lleve este tema al pleno y ha defendido que ninguna persona tiene que ser espiada por sus ideas pero que en este caso, ha dicho, no se puede hablar de ideas, sino de acciones: "No se tienen que perseguir ideas pero cuando se pasa a la acción es otra cosa". Y ha recordado hechos como el 1-O o la declaración de independencia del 27 de octubre.
Más contundente, Eva Parera, de Valents, ha visto "evidente" que se controle a los políticos independentistas: "Por descontado que el CNI tiene que controlar a los que amenazaron con un nuevo golpe de estado". También la regidora no adscrita Marilén Barceló, integrada dentro del grupo de Valents, ha defendido que "quien no tiene nada que esconder, no tiene miedo a que lo vigilen".
