El Consell per la República plantea nuevas acciones de desobediencia civil

El Consell per la República (CxR) quiere activar toda la maquinaria para impulsar la "revuelta democrática" que considera imprescindible para culminar el proceso de independencia. Con la mesa de diálogo como símbolo de la etapa de deshielo que ha abierto ERC con el gobierno español, la institución del exilio liderada por el ex president Carles Puigdemont quiere promover, según ha podido saber el ARA, la vía de la desobediencia con acciones de la sociedad civil que ayuden a dar impulso al conflicto. Una estrategia que no hace más que dar continuidad a los planteamientos del documento Preparémonos, que fue aprobado por el consejo de gobierno del CxR y que establece que "para lograr la República hay que aceptar que la independencia pasa inevitablemente por confrontarse, de manera democrática y no violenta, con el Estado" con "una sucesión y extensión de acciones institucionales, políticas y de los movimientos sociales que en una gradación de estrategias encadenadas tienen que llevar al Estado a una situación de desbordamiento democrático".

Después de impartir formación en la lucha no-violenta, el Consell plantea que grupos organizados hagan acciones como la que protagonizaron el 25 de marzo del año pasado, cuando se ocupó la sede de la delegación de la UE de Barcelona para denunciar la "inoperancia" de Europa ante el conflicto entre Catalunya y España. En este sentido, el Consell quiere reactivar la campaña de insumisión fiscal a la monarquía que puso en marcha dos meses después de aquella acción para denunciar lo que a su entender es uno de los símbolos de la represión del Estado. A pesar de que la objeción fiscal no está específicamente prevista en la ley, el Consell considera que hay jurisprudencia sobre la objeción por motivos ideológicos que podría verse amparada por la Constitución a partir de la libertad de conciencia.

Por otro lado, el Consell también ha ofrecido asesoramiento jurídico a las familias afectadas por la sentencia del TSJC que obliga a hacer el 25% de las clases en castellano en algunas escuelas, para impedir que se ponga en peligro la inmersión lingüística en las aulas. A raíz de la polémica que se ha generado por la imposición de un aumento del porcentaje de asignaturas impartidas en castellano en una clase de P5 de la Escola Turó del Drac de Canet de Mar, esta institución se ha puesto en contacto con madres y padres de este centro del Maresme, y otras escuelas donde también se ha aplicado la misma sentencia, para prestarles ayuda con el recurso que presenten ante la justicia. Después de la sentencia del TSJC, el Consell ya elaboró un informe jurídico dirigido principalmente a la comunidad educativa que recoge posibles acciones legales para "las personas que vean vulnerados sus derechos lingüísticos" y anunció que iniciaba una ronda de reuniones con sindicatos, juristas y agentes educativos para trazar una estrategia de defensa jurídica e institucional ante lo que tildó de "asedio" a la lengua catalana.