La 'consellera' Garriga niega malversación por el 1-O ante el TSJC

BarcelonaYa han pasado más de cuatro años desde el 1-O, pero los diversos frentes judiciales abiertos a raíz del referéndum siguen trayendo cola. Este lunes ha declarado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, investigada por su papel en la votación. En aquellas fechas era la jefa de servicios de la conselleria de Vicepresidencia y Economía y fue una de las detenidas en la operación de la Guardia Civil el 20 de septiembre del 2017 en la sede de aquel departamento. Garriga ha negado cualquier tipo de malversación y, además, ha defendido que nunca fue requerida por el Tribunal Constitucional en nada que tuviera que ver con el referéndum. De hecho, ha pedido que se expida un escrito que así lo acredite.

Una de las claves de este caso gira entorno a los delitos que le imputan. Formalmente, Garriga sigue procesada por desobediencia y malversación, pero tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado ya se han mostrado partidarios de que solo sea enjuiciada por desobediencia. El matiz es importante porque en el supuesto de que fuera condenada, si solo lo fuera por desobediencia, se enfrentaría a una pena de inhabilitación pero no de prisión.

Este lunes uno de los puntos de su declaración se ha centrado precisamente en la cuestión de la malversación, según fuentes jurídicas. Una de las cuestiones que se investigan es su participación en la habilitación de una nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para acoger un call centre antes de la jornada del referéndum. Según el auto de procesamiento, Garriga habría firmado la adjudicación de los proyectos de arquitectura e instalaciones y dirección de obras mediante cuatro contratos menores alrededor de los 17.000 euros cada uno, que suman un total de 70.390 euros más IVA.

La consellera ha alegado que la inversión en esta nave estaba plenamente justificada porque la Generalitat no disponía de un espacio de estas características. Además, ha añadido que después se usó para las elecciones de diciembre del 2017 –convocadas por el Estado en aplicación del 155– y más adelante para luchar contra la pandemia como centro donde estaban ubicados los rastreadores. De hecho, actualmente centraliza el 061. Garriga solo ha respondido a su abogada. El caso probablemente llegará a juicio, pero hoy por hoy lo más probable es que la juzguen por desobediencia y, finalmente, caiga la malversación.

Apoyo a las puertas del tribunal

Como ya se ha convertido en habitual en estos casos, este lunes partidos y entidades independentistas han ido hasta las puertas del tribunal a apoyarle. Se han visto varios miembros del Govern como Laura Vilagrà, Roger Torrent, Tània Verge y Josep Gonzàlez-Cambray, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y también representantes de ERC, JxCat, la CUP, Òmnium y la ANC. Borràs ha expresado su apoyo a la consellera y ha destacado que con procesos judiciales como este se demuestra que "este es el diálogo que quiere el Estado". En definitiva, una muestra de apoyo a la consellera pero a la vez una crítica implícita a la estrategia negociadora por la cual apuesta ERC, el partido de Garriga.

También ha expresado su apoyo a través de las redes el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha lamentado que todavía se mantiene la "represión política y judicial" contra el independentismo. "La injusticia nos impulsa a continuar luchando con determinación por nuestro objetivo: amnistía, autodeterminación e independencia", ha dicho. Aragonès tiene dos consellers de su gabinete con causas abiertas –vinculadas con el Procés– que podrían acabar con inhabilitación. Una es Garriga; el otro es Torrent, por su etapa como presidente del Parlament.