La corrupción del PP de Madrid aflora en el umbral de la sentencia de la Caja B

Madrid“Lo que destrozó al PP de Madrid fue la corrupción, y es algo que nosotros jamás vamos a permitir”, le echó al rostro de Esperanza Aguirre el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea el pasado lunes 13 de septiembre al conocerse las declaraciones de la ex presidenta del PP de Madrid y ex presidenta de la Comunidad de Madrid en apoyo de Isabel Díaz Ayuso para presidir el partido cuanto antes, al tiempo que atacaba a los niñatos de Génova - expresión textual de Aguirre - que ponen piedras en el camino de su protegida. 

La batalla que aflora es una tradición en Madrid. Quien quiere la presidencia de la Comunidad y la del partido en la capital siempre ha sido un problema para la presidencia y la secretaría del partido a nivel nacional. Supone la acumulación de mucho poder. Esperanza Aguirre y su pelea con Alberto Ruiz-Gallardón fue en Madrid un factor de desestabilización de Mariano Rajoy, a quienes se refirió, en 2006, con la célebre frase del conde de Romanones "¡Joder, qué tropa!".

Resucitar la corrupción del PP de Madrid por parte de García Egea debió de caerle a Αguirre como una broma de mal gusto. Y es que ella permanece en calidad de investigada en la pieza de presunta financiación irregular del PP del caso Púnica. Pero, además, García Egea ha reflotado el asunto cuando el Partido Popular se encuentra en el umbral de la sentencia de la Caja B del PP que un tribunal de la Audiencia Nacional está perfilando estos días – el juicio quedó visto para sentencia el 12 de mayo pasado- y que podría conocerse, según fuentes jurídicas consultadas por el ARA, en cuestión de semanas. 

Aunque la existencia de la Caja B del PP ya ha quedado acreditada en las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo sobre el caso Gürtel, la nueva sentencia tiene que abordar -por primera vez desde su publicación el 31 de enero de 2013 en el diario El país- la contabilidad reflejada en los Papeles de Bárcenas, con donaciones ilegales y pagos de sobresueldos en negro a la jerarquía del partido. 

De esta fuente de ingresos, precisamente, salió, al menos en parte, el pago en negro (donaciones de 888.000 euros) de la obra de remodelación del edificio de Génova 13, el cuartel general del PP, entre 2005 y 2010. 

Debate sobre la sentencia

El tribunal formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu y María Fernanda García, ponente, repasa estos días el proyecto de sentencia. Dos de los temas que suscitaron un importante intercambio entre los magistrados han sido las contingencias fiscales y la presunta evasión que pudo cometer el PP en el Impuesto de Sociedades de 2008, el único ejercicio que no ha prescrito.

Según el auto de apertura de juicio oral del juez José de la Mata, “dejó de declarar ante Hacienda el importe del conjunto de las donaciones recibidas, las cuales aparecen anotadas en los registros contables opacos de Bárcenas y Lapuerta”. La Fiscalía Anticorrupción entiende que el PP se financió ilegalmente durante 18 años pero no considera que existiera delito fiscal, en línea con dos informes de Hacienda según los cuales las donaciones a los partidos, incluyendo las ilegales, están exentas de tributar. La Fiscalía, pues, acusa por el hecho de que el dinero procedente de esa presunta financiación ilegal se destinó a pagar las obras de reforma en 2008 e imputan a los tesoreros nacionales del partido por ser cooperadores necesarios con el arquitecto Gonzalo Urquijo, a cargo de la reforma de la sede, al que pagaron 1,5 millones de euros en dinero negro. 

La Abogacía del Estado incluye el delito fiscal por impago de IVA, y elevar de 194.000 euros a más de un millón la cantidad que deberían pagar los acusados por el fraude fiscal cometido.

Las acusaciones populares han estimado la existencia de delito fiscal y califican de defraudación fiscal el impago del impuesto de sociedades del año 2008. Señalan que el PP omitió la presentación de la declaración del Impuesto de Sociedades correspondiente a 2008 que recogiera las referidas donaciones ilegales, lo que se habría traducido en dejar de ingresar ante la Hacienda Pública una cuota de, al menos, 220.167,04 €, cantidad aflorada en el pago de las obras, y que podría incrementarse hasta superar los 274.000 euros.

“El tema fiscal parece haber sido objeto de gran debate en las deliberaciones”, señaló una fuente jurídica al ARA, según la cual la sentencia se podría conocer este mes “salvo que exista voto particular”. Al comenzar el juicio de la Caja B, el presidente del PP, Pablo Casado anunció, a mediados de febrero pasado, que vendería la sede de Génova para romper con la imagen de corrupción. Pero allí siguen. Y la sentencia caerá con el PP en Génova.