Todas las crisis que ha tenido que afrontar el gobierno de Aragonès
Desde la sequía hasta educación, pasando por el caos de las oposiciones
BarcelonaDesde que ERC se quedó sola en el ejecutivo, el Govern ha sufrido a la hora de sacar adelante su actividad legislativa, pero a pesar de todo, este último año ha conseguido culminar la tramitación de una quincena de proyectos de ley –por último, la ley del asociacionismo–. Las dificultades en el Parlament, donde sólo tiene 33 de los 135 diputados, se han evidenciado últimamente con el pacto in extremis a qué llegó el Gobierno con el PSC por el decreto de pisos turísticos. A estos obstáculos, se han sumado otros que han complicado la gestión del Govern. Algunos de ellos, incluso han terminado en crisis: el ejemplo más claro es que el ejecutivo empezó el año con una cumbre por el agua y lo ha acabado con la oposición reclamando una otra. La sequía y también la educación por los malos resultados en el informe PISA han supuesto dos de las grandes sacudidas de este primer año de gobierno en solitario de Pere Aragonès.
La gran sequía
La sequía que golpea desde hace meses a Catalunya se ha convertido ya en uno de los principales problemas del ejecutivo. En lo que va de año, el Gobierno ha ido adoptando medidas restrictivas y de prevención que han afectado especialmente al sector agrícola, pero también al industrial. Sin embargo, el ejecutivo también ha tenido que convencer a la oposición para que algunas medidas vieran la luz. La prueba fue en marzo del pasado año, cuando toda la oposición en bloque obligó al ejecutivo a tramitar como proyecto de ley el decreto que englobaba varias restricciones. El principal punto de discrepancia era el endurecimiento de la vigilancia que había previsto el Govern sobre el agua que consumen los municipios y que pasaba por multas a los ayuntamientos que no lo cumplieran. Todo ello acabó desembocando en una cumbre de partidos que presidió el presidente Pere Aragonès y la entonces consejera de Acción Climática, Teresa Jordà que, a las puertas de las elecciones municipales, terminó sin acuerdo.
Desde principios de año que Aragonés ha ido advertido de que venían "meses difíciles" y que harían falta "esfuerzos de todos" para afrontar esta crisis. El Govern, así, aceleró los trabajos por una nueva potabilizadora en el Besòs, entre otras infraestructuras. Antes de terminar el año, y ya con David Mascort como nuevo consejero de Acción Climática, el ejecutivo ha tenido que adoptar nuevas medidas ante una situación que se ha ido agravando. Algunos municipios entrarán en fase de emergencia y el Govern prevé adoptar medidas como rebajar el caudal ecológico de los ríos y situar el límite de consumo en 200 litros por habitante en 202 municipios a partir de la segunda quincena de enero. Además, el Gobierno también anunció que se cerrarían las duchas en gimnasios y recintos deportivos que necesiten regar césped o tengan piscina. Sin embargo, esta última medida comportó las críticas de la oposición y la opinión pública y Mascort tuvo que salir a matizar lo que había explicado.
La crisis educativa
A la dureza de la crisis del agua, se le ha añadido una que ya era latente: la educativa. El detonante fue el informe PISA que se hizo público este diciembre y que tuvo unos resultados nefastos para Cataluña. Todo ello desembocó en una tormenta de críticas en el Govern. Entre las primeras reacciones de la conselleria de Educación se encontró la del secretario de Transformación Educativa, Ignasi Garcia Plata, quien aseguró que en estos resultados habría habido un problema de "sobrerepresentación" de alumnado inmigrante. Unas declaraciones que el Gobierno después rectificó. El propio Aragonés afirmó: "El informe PISA es malo, sin excusas".
Para intentar poner manos a la obra, el ejecutivo convocó una cumbre de partidos hace pocas semanas que acabó con un acuerdo de mínimos. Pactaron crear una comisión de expertos para que elaboren un informe de cara al mes de febrero con medidas para reconducir esta crisis, algunas de las cuales deberían aplicarse ya de cara el próximo curso, y otras que deberían ser más a largo plazo.
El caos de las oposiciones
En medio de estas dos crisis, el Gobierno también tuvo que afrontar el caos de las oposiciones del mes de abril que se saldó con cientos de incidencias. El Gobierno decidió encender fuego nuevo y repetir los exámenes en julio. El Ejecutivo recibió críticas tanto de la oposición como de los afectados. "Se vivieron situaciones inadmisibles e intolerables. Las oposiciones son sagradas", admitió en ese momento la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, máxima responsable del caos. La crisis terminó con un cese, el de la directora general de Función Pública, Marta Martorell, pero Vilagrà descartó dimitir. El Gobierno también anunció la rescisión del contrato a la empresa a la que el ejecutivo había subcontratado el servicio, Cegos.
Presupuestos y cambios en el Gobierno
Pere Aragonès empezó el año pasado con una negociación tortuosa por aprobar los presupuestos de este año. Tras un toma y daca con el PSC por la B-40, el Govern finalmente aceptó la obra, que actualmente todavía está pendiente de la firma de los convenios entre ambas administraciones antes de empezar a elaborar el proyecto. El resultado fue que Aragonès logró aprobar nuevas cuentas –que ahora ha prorrogado a la espera de cómo avanza la negociación con los partidos por los presupuestos del 2024–. A los pocos meses, el presidente de la Generalitat materializó sus primeros cambios en el Govern: saltó el hasta entonces conseller de Territori, Juli Fernàndez, cuestionado por su oposición a la B-40; y también el de Educació, Josep González Cambray, que tenía la oposición del sector, y Teresa Jordà. Aragonès aprovechó las elecciones del 23-J para justificar esta crisis de gobierno ya la ex consellera de Acció Climàtica, por ejemplo, la situó como número dos de la lista de ERC.
