Cronología de la legislatura: el poder judicial acorrala a Sánchez

Madrid"Nada de crisis de gobierno y nada de Santos [Cerdán] fuera del PSOE", "De Santos nada de nada. Nos encontraremos un audio hablando sobre obras, pero nada de contraprestaciones". Solo 24 horas antes de conocerse el informe de la Guardia Civil y la casi imputación del ex número 3 del PSOE en el Tribunal Supremo, varias fuentes de la Moncloa cerraban filas y se mostraban convencidísimas de que la mano derecha de Pedro Sánchez en Ferraz estaba limpio. "Estamos muy tranquilos", insistían. ¿Cerdán engañó hasta el último instante a todo su partido? ¿Aseguraba que no debía defenderse de nada porque no imaginaba que Koldo García había estado más de cuatro años grabando conversaciones en secreto? Ésta es la versión que Pedro Sánchez plantea para sobrevivir al caso Cerdán, el duro golpe de una legislatura contaminada por la acción en los tribunales hasta puntos insospechados, ya sea por la legítima fiscalización de una corrupción endémica o por las tentaciones de hacer política desde la judicatura.

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Parece que quede lejos, pero la semana empezó con el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, uno de los episodios que demostrarían que hay jueces haciendo "oposición real" al gobierno español, en palabras del ministro Óscar Puente. Cuando el titular de Justicia, Félix Bolaños, oye la palabra lawfare en el hemiciclo del Congreso, utilizada por portavoces independentistas, afirma que "este anglicismo es inadmisible", tal y como dijo el miércoles, pero en privado los mensajes son bien distintos. La mayoría de frentes judiciales contra el gobierno dibujaban un marco propicio para el relato de la máquina del barro que Sánchez bautizó cuando el juez Juan Carlos Peinado imputó a su esposa, Begoña Gómez, y la prueba es que todos sus socios se lo habían comprado. Hasta el mismo jueves todavía había aliados, como Junts, que consideraban a Cerdán una víctima de la persecución policial y mediática.

Sin embargo, los indicios reales de corrupción son un torpedo para el discurso de Sánchez sobre una "cacería" de todo el conglomerado de la derecha. Sigue existiendo, trasladó al líder del PSOE en su comparecencia a Ferraz cuando habló del "asedio de la oposición con múltiples cosas que no se corresponden con la realidad" –y mencionó el caso Leire Díez–, si bien deja de ser la nota dominante de la fiscalización judicial en el gobierno español. Ahora toma protagonismo un caso grave de corrupción que estaba circunscrito a José Luis Ábalos y Koldo Garcíapero que ya salpica a Cerdán y amenaza con convertirse en una gran causa judicial sin un perímetro definido. De hecho, la UCO en su informe insinuaba algunos elementos que apuntarían a una posible financiación irregular del PSOE. Sin embargo, Sánchez quiere salir de ella situándose también como víctima de una traición de quien ha sido uno de sus colaboradores más estrechos, lo que dibuja un escenario de absoluta desconfianza, que ni los dirigentes políticos pueden creer en sus compañeros. "Tengo muchos defectos y uno es creer en la pulcritud de la política", decía el jueves el presidente español.

La legislatura del 'lawfare'

Con el permiso del caso Koldo-Ábalos-Cerdán, ésta podía ser la legislatura del lawfare. "Claro que se hace política desde la magistratura, pero eso no es nuevo, los catalanes hace años que lo sufrimos. Incluimos la palabra lawfare al pacto de investidura. Se nos decía que no existía y ahora que hay otras víctimas parecen ponerse las pilas". Así se expresaba a principios de semana la portavoz de Junts en Madrid, Míriam Nogueras, a raíz del clima de tensión política y judicial que se vive en el Estado. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, apuntaba: "Estamos en guerra. Y en una guerra no se intercambian soldados". Se refería a si debía dimitir el fiscal general del Estado por su procesamiento. Este episodio, incluso, ha propiciado un enfrentamiento nada habitual entre dos de los principales diarios españoles, El País y El Mundo, debido a que la cabecera conservadora acusara a periodistas del Grupo Prisa –propietario deEl País y la Cadena SER– de salir "al auxilio" de Álvaro García Ortiz con su testimonio.

En el ecuador de la legislatura –aún no–, el listado de hechos relacionados con injerencias de la justicia en la política, y viceversa, es muy largo. En el gráfico adjunto, una cronología de una cuarentena de momentos clave resume un mandato marcado por la polarización y el choque, con un origen claro, la amnistía, que no deja de ser una enmienda total del poder legislativo al poder judicial, con el componente añadido de ser un peaje que Sánchez pagó por conseguir los siete votos de Junts para la investidura. Es sintomático que, después de que el 28 de octubre de 2023 el candidato a la presidencia anunciara la amnistía en un comité federal del PSOE en Ferraz, el segundo hito es el "Quien pueda hacer que haga" del expresidente español José María Aznar en una charla. A partir de ahí se desata una ofensiva indisimulada de determinados magistrados contra la amnistía, como Manuel García-Castellón con el caso Tsunami Democrático y Joaquín Aguirre con el caso de la trama rusa del Proceso. Ambos procedimientos terminan archivados, el primero por un error procesal del juez de la Audiencia Nacional y el otro porque no tiene base.

En la infografía se puede constatar cómo el capítulo de la amnistía es el que más aparece en el calendario y vendrán más, porque el Tribunal Constitucional se pronunciará la semana de San Juan y el Tribunal Supremo continuará su cruzada contra la aplicación de la ley a Carles Puigdemont. A lo largo de estos meses se han ido añadiendo más carpetas: por ejemplo, el caso Begoña Gómez, que motivó los cinco días de reflexión del presidente español, que decidió continuar en la Moncloa para poner en marcha un plan de regeneración democrática que afecta a instituciones, medios de comunicación y la justicia. Esta semana, jueces y fiscales han hecho un paro para protestar contra las reformas impulsadas por Bolaños. También la causa judicial contra el hermano de Sánchez y, como se ha comentado, la del fiscal general, totalmente vinculada al procedimiento abierto contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que discurre en paralelo Mientras se celebra la comisión de la operación Catalunya en el Congreso, donde el PSOE mira de situar al PSOE elevar a la misma categoría el caso Leire Díez– y, en el Consejo General del Poder Judicial, los dos bloques afines a los partidos tradicionales bloquean el nombramiento del relevo de Manuel Marchena en la presidencia de la sala segunda del Supremo ~

"Patrimonialización imparable"

Precisamente este hecho pone de manifiesto la "patrimonialización imparable" de las instituciones que practican PP y PSOE, analiza el politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid Pablo Simón. Sucede con los medios –Ayuso con Telemadrid y Sánchez con RTVE, apunta– y, sobre todo, con la justicia. ¿Por qué? El sistema de poderes está diseñado para que el judicial y el legislativo-ejecutivo choquen, lo que incentiva a los partidos a politizar la justicia ya judicializar la política, explica. Este contexto provoca que, de fondo, el debate sea donde debe situarse el "umbral de la dimisión" cuando un cargo público es encausado, teniendo en cuenta que entra en juego la posibilidad del lawfare, para el que existen pocos mecanismos de control.

Con este retrato y unas acusaciones de corrupción que no cesan, ¿qué expectativas hay para la regeneración democrática? Sin embargo, Sánchez cree que la puede abanderar en lo que queda de legislatura.